La resolución aprobada por el Parlamento es el resultado final del trabajo elaborado por su Comisión de Asuntos Jurídicos, conocido como «Informe Reda», y las alegaciones presentadas al mismo por las comisiones de Industria, Mercado Interior y Cultura.
El Parlamento reconoce en esta resolución el valor de la creación, de las industrias culturales y de los derechos de propiedad intelectual, estos últimos necesarios como mecanismo para garantizar una remuneración a los creadores y productores de obras. Sin embargo el documento final deja abierta la puerta a nuevas excepciones a los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores en los ámbitos educativos y bibliotecarios.
Magdalena Vinent, directora general de CEDRO, considera que en el caso de que en la Unión Europea se establezcan nuevos límites al derecho de autor o se amplíen los ya existentes «debería preverse una compensación para los autores y editores perjudicados». De lo contrario, asegura, el impacto será muy negativo y «dejará al sector editorial europeo en una situación de clara desventaja competitiva respecto al de otras áreas geográficas».
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