Nuevo recorte en la compensación por copia privada para autores y editores de libros

El Ejecutivo ha establecido en cinco millones de euros la compensación que corresponde a los titulares de derechos del sector del libro, la música y el cine por la copia privada de sus obras. De esta cantidad total, el Gobierno le ha asignado al libro un 22,61 por ciento mientras que el año pasado fue un 28,98 por ciento y un 40 por ciento en 2012, siendo el número de copias similares.

Esta compensación, además de llegar mediante pagos directos a los autores y editores, sirve, tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual, para financiar la función social que desarrolla nuestra Entidad. Esta labor, a la que se le dedica el 20 por ciento de esta recaudación, incluye tanto las ayudas asistenciales que ofrece CEDRO a los escritores, traductores y periodistas como las actividades de formación, promoción y asistencia que lleva a cabo en colaboración con las asociaciones profesionales de los colectivos autores y editorial.

Hasta 2012 esta compensación era abonada por las empresas fabricantes e importadoras de los dispositivos que permiten la reproducción privada de obras protegidas, como ocurre en los países de la Unión Europea cuyas legislaciones prevén este límite al derecho de autor. Sin embargo, en diciembre de 2011 el Gobierno eximió de este pago en concepto de derechos de autor a estas empresas y que la compensación fuera sufragada por el Estado a través de los presupuestos generales.

CEDRO recurrirá esta  Orden Ministerial, como ya lo hizo con las que regulaban las cuantías de 2012 y 2013. Asimismo nuestra Entidad denunció en 2012, ante la Unión Europea, la regulación española en materia de copia privada por no ajustarse a lo dispuesto en las directivas y jurisprudencia correspondiente.

Además el sistema de copia privada español ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo, y a finales de septiembre de 2014 planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea dos cuestiones sobre este sistema. La primera, si se ajusta a la normativa europea que esta compensación sea abonada a través de Presupuestos Generales del Estado, y la segunda, si es adecuado vincular esta remuneración a la capacidad presupuestaria del momento.