El Tribunal de la UE declara ilegal el sistema de copia privada español
Magdalena Vinent, directora general de CEDRO, considera que esta sentencia «es una victoria para los socios de nuestra Entidad. En primer lugar, moral, y esperamos que, como es lógico, también económica en un futuro próximo».
Asimismo ha hecho hincapié en que «la decisión del Gobierno en 2011 de suprimir de forma arbitraria este sistema ha hecho un gran daño al sector del libro de nuestro país». Ha subrayado, además, que «hay que tener en cuenta que en ese momento casi el 90 por ciento de la recaudación de CEDRO para los titulares provenía de esta compensación».
Desde el punto de vista de Vinent esta sentencia «nos sitúa en Europa, puesto que confirma los principios básicos sobre copia privada ya establecidos en otras sentencias del Tribunal de Luxemburgo, que ya se están aplicando en la mayoría de los países».
La supresión del «canon digital»
El 30 de noviembre de 2011 el Gobierno suprimió de forma inesperada el sistema de compensación equitativa por copia privada, vigente desde 1993 en España.
El nuevo sistema sustituía lo que públicamente se conoce como «canon digital» —abonado por empresas que fabricaban y distribuían equipos, soportes y dispositivos que permitían la realización de copias privadas de obras protegidas— por un pago a cargo de los PGE.
En el año 2011 la compensación por copia privada estaba valorada en unos 100 millones de euros para los titulares del libro, la música y el cine, de los que a CEDRO le correspondía un tercio de ellos aproximadamente.
Con el nuevo sistema el Ejecutivo asigna cada año en PGE un total de 5 millones de euros a repartir entre los tres sectores. En el último año la cantidad asignada por el Gobierno al sector del libro ha sido de 990.000 euros.
Consecuencias de la supresión del «canon digital»
La drástica bajada de esta compensación afectó directamente a la remuneración que recibían los titulares de derechos de los libros. De la misma forma, supuso una enorme merma en la función social que desarrolla CEDRO.
La ley establece que las entidades de gestión tienen que llevar a cabo actividades de formación, promoción y asistencia a favor de sus representados con el 20 por ciento de esta compensación. La decisión del Gobierno en esta materia supuso un recorte en esta función. En el caso de CEDRO, de contar con un presupuesto anual de casi 4 millones de euros ha pasado a uno de 180.000 euros.
La directora general de nuestra Entidad explica que «la reducción de esta compensación supuso también debilitar el sistema de protección de la propiedad intelectual del sector del libros.
Una larga batalla en los tribunales
Tras esta Sentencia del Tribunal de Luxemburgo corresponde a los tribunales españoles resolver los abundantes recursos presentados por los titulares de derechos, a través de sus entidades de gestión, contra todas las normas dictadas sobre esta materia desde 2012.
En concreto CEDRO cada año ha impugnado las diferentes ordenes ministeriales y resoluciones de ejecución que el Gobierno ha promulgado para desarrollar este sistema, que ahora el TJUE ha declarado que no se ajusta a la normativa europea.
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