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En esta sesión participaron Ibán García del Blanco, secretario de Cultura y Deporte del PSOE; Eduardo Maura, diputado y portavoz de Cultura de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados; Manuel Rico, presidente de ACE; Emilio del Río, diputado y secretario general de Cultura y Participación Social del PP, y Marta Rivera de la Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados y responsable de Cultura de Ciudadanos. Jorge Corrales, director general de CEDRO, moderó la sesión.

Manuel Rico, como representante de los autores, pidió la plena compatibilidad de la pensión de jubilación con los derechos de autor, y recordó que por primera vez se ha creado una Subcomisión en el Congreso de los Diputados que está trabajando en un estatuto para los creadores y los artistas, donde se están estudiando posibles soluciones a esta incompatibilidad.

Todos los representantes de los partidos políticos coincidieron en la conveniencia de esta petición y esperan que este acuerdo se resuelva próximamente cuando la Subcomisión presente sus conclusiones.

Marta Rivera aseguró que es de justicia que los autores puedan compatibilizar su pensión de jubilación con la percepción de royalties: «No se trata de conceder privilegios a los creadores, sino de reconocer la especialidad de su trabajo, sobre todo, si se tiene en cuenta que un creador puede llegar a una edad muy avanzada con su capacidad creativa plena».

Por su parte, Ibán García recordó que el derecho de propiedad intelectual es solidario porque «incrementa el patrimonio compartido», mientras que Eduardo Maura afirmó que el principal problema al que se enfrentan los creadores es la falta de un «modelo cultural de país». Emilio del Río abogó por una «alianza social por la cultura» y espera que el Gobierno de su partido solucione el problema al que se están enfrentando en este momento los autores jubilados.

En esta sesión también se abordó la situación de la remuneración para los autores por el préstamo público de sus obras. Todos los participantes se mostraron favorables a que los escritores y traductores puedan recibir esta remuneración, regulada en las normas europeas desde hace veinticinco años. También hubo consenso en la centralización de este pago en la Administración Central y Autonómica, con el fin de simplificar la gestión.