Derechos morales

Los derechos morales corresponden al autor de la obra y son irrenunciables e inalienables, por lo que no se pueden ceder ni renunciar a ellos. Algunos derechos morales no tienen límite temporal, como es el caso del derecho de paternidad o el de integridad de la obra.

La vigente Ley de Propiedad Intelectual española reconoce al autor los siguientes:

  • Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma
  • Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente
  • Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra (paternidad de la obra).
  • Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación (integridad de la obra).
  • Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. 
  • Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación (posteriormente, si el autor decide reemprender la explotación de su obra, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular y en condiciones razonablemente similares a las originarias).
  • Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda (este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra, y el acceso a esta se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen).

 

Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales o de explotación facultan al autor a decidir sobre el uso de su obra, que no podrá llevarse a cabo sin su autorización, salvo en determinados casos previstos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual española, que se conocen como límites o excepciones.

Estos derechos de explotación, que pueden cederse a terceros, son, según la Ley de Propiedad Intelectual:

  • Reproducción: acto de fijación en todo o en parte de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella.
  • Distribución: acto de puesta a disposición del público del original o copias en soporte tangible de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma.
  • Comunicación pública: acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.
  • Transformación: acto de traducción, adaptación y cualquier otra modificación de una obra en su forma de la que se derive una obra diferente. En el caso de las bases de datos, se considera transformación su reordenación.

La ley también reconoce otros derechos de carácter patrimonial a los titulares de derechos y que son de gestión colectiva obligatoria. En relación con la gestión colectiva que desarrollamos en  CEDRO, interesa destacar:

  • Derecho de compensación por copia privada: la reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones asimiladas, entre otras, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, originará una compensación equitativa y única a favor de los titulares de derechos de estas creaciones.
  • Derecho de remuneración por copias digitales en universidades:  la reproducción parcial, la distribución y la puesta a disposición de obras en universidades y centros de investigación de libros y publicaciones periódicas generan una remuneración a favor de sus titulares de derechos.
  • Derecho de remuneración por préstamo público: la puesta a disposición de originales y copias de una obra por un tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público (algunas bibliotecas, museos, archivos, fonotecas, filmotecas y centros similares) genera una remuneración para el autor, que debe de ser abonada por los titulares de las instituciones obligadas legalmente.