Madrid, 20/11/2026. El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, entiende que es compatible con el Derecho comunitario la remuneración a los editores de prensa por algunas reutilizaciones de obras puestas a disposición en línea por parte de estos. Esta es una de sus conclusiones publicadas el 19 de noviembre sobre la ley belga que regula el pago de derecho a editores, autores y artistas intérpretes por algunos usos digitales de sus obras.
La opinión de Szpunar tiene su origen en el caso planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz de la ley belga de 2022, que introdujo mecanismos de remuneración por el uso en línea de sus obras. Poco después, esta norma fue impugnada por varias plataformas digitales, por lo que el Constitucional de Bélgica planteó una consulta a la justicia Europea sobre la compatibilidad de esta ley con el Derecho comunitario.
En el caso de los editores de prensa, el abogado general explica en sus conclusiones que hay que distinguir entre la publicación que hace la editorial de prensa en internet y la reutilización posterior que llevan a cabo las plataformas digitales de ese mismo contenido periodístico. En ese caso, Szpunar entiende que se trata de un nuevo uso de la publicación y que la editorial mantiene sus derechos.
Del mismo modo, el abogado avala que la normativa nacional establezca mecanismos de negociación entre los editores de prensa y las tecnológicas que reutilizan digitalmente sus publicaciones, supervisados por una autoridad administrativa, e imponer a los prestadores de servicios la obligación de comunicar a las editoriales la información necesaria para determinar una eventual remuneración. También reconoce la facultad de los editores de negar esa autorización o a concederla de forma gratuita.
Además, asegura Szpunar, en su considerando número 78, que la protección de las publicaciones de prensa se extiende a la publicación en su conjunto y no está supeditada a que cada uno de sus contenidos estén protegidos por derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.
Jorge Corrales, director general de CEDRO, asegura que «estas conclusiones son importantes porque en ellas se confirma, por un lado, que las publicaciones de prensa están protegidas como un conjunto y no únicamente mediante la protección individual de cada uno de sus contenidos y, por otro, el derecho de los editores a participar del valor que generan las reutilizaciones de sus publicaciones, contribuyendo así a corregir los desequilibrios provocados por quienes explotan esos contenidos sin haber invertido en su creación y publicación».
El abogado general también opina sobre otros asuntos planteados en la cuestión prejudicial y que afectan a la remuneración residual fijada en Bélgica por la utilización de actuaciones musicales por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea o de los prestadores de servicios de streaming.
Confirma Szpunar, en este caso, que el marco legislativo comunitario no es contrario a la normativa de un Estado miembro que garantice a autores y artistas intérpretes un derecho a una remuneración residual, obligatoria, inalienable e intransferible por determinados usos en línea de sus obras y actuaciones. Este derecho puede ejercerse exclusivamente mediante gestión colectiva, cuando los titulares hayan cedido su derecho a autorizar la puesta a disposición del público de sus obras, siempre que: los autores y artistas puedan autorizar gratuitamente el uso de sus obras o actuaciones; la remuneración se limite a los usos previamente autorizados y exista un mecanismo que garantice una remuneración global adecuada y proporcionada.
Corrales asegura que «esta opinión vendría a confirmar que un modelo en el que el derecho exclusivo y una remuneración residual pueden ser compatibles: primero debe respetarse y remunerarse el derecho exclusivo y, a partir de ahí, pueden articularse otras remuneraciones. «Parecería que, con esta opinión, Bruselas estaría abriendo un marco posibilista para la actual situación de expolio y desequilibrio que se produce en el ámbito de la inteligencia artificial».
Después de estas conclusiones del abogado General de la UE, es el TJUE quién tendrá que decidir sobre este asunto.
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