En estos casos, correspondería al proveedor de IA reconocer el uso o aportar pruebas en sentido contrario. La medida pretende reequilibrar la posición de los titulares de derechos y las empresas de IA y favorecer la negociación de acuerdos de licencia. Jorge Corrales, director general de CEDRO, explica que «esta medida ayudaría a corregir una situación de clara asimetría de información. Las empresas de IA saben qué contenidos han utilizado para entrenar sus modelos, mientras que los titulares de derechos no saben si sus obras han sido utilizadas. Si existen indicios razonables de ese uso, parece lógico que sea quien tiene la información quien pueda aclararlo».
De aprobarse este proyecto de ley sería el primer país en Europa que contara con esta medida. Corrales considera que es positiva, pero no es la solución definitiva, aunque es el camino «para definir un marco que incentive a los desarrolladores de IA a negociar con los titulares de derechos por el uso de las obras con las que desarrollan y entrenan sus sistemas». Algo similar debería plantearse para los usos que de libros y prensa se hace en el sector público, añade el director de CEDRO «los titulares deberían poder conocer esos usos y ejercer de manera efectiva sus derechos».
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