Esta norma busca alinearse con el reglamento europeo sobre IA y establece que los sistemas de IA no podrán tomar decisiones relevantes sin intervención o control humano, especialmente en ámbitos sensibles como la administración pública, la justicia o la educación.
Jorge Corrales, director general de CEDRO, ha señalado «la ausencia de referencias concretas que equilibren la grave situación que están viviendo los escritores, traductores y editores con el uso de sus obras en el ecosistema de la IA mantiene la desprotección. Aunque se trata de un marco que todavía está desarrollándose en la Unión Europea, nada impide, ni desde el punto de vista jurídico ni económico, que los Estados miembros desarrollen un sistema justo donde los titulares de derechos puedan decidir su participación o no, puedan acceder a información sobre el uso de sus obras y recibir una remuneración que permita avanzar en el equilibrio del nuevo mercado definido por estas herramientas como están haciendo países como Noruega».
El proyecto de ley, que deberá ser remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, también contempla sanciones para garantizar el cumplimiento de las normas sobre IA. Estas sanciones se aplicarían a empresas o administraciones que utilicen sistemas de IA de forma indebida, especialmente si no respetan la obligación de supervisión humana, transparencia o evaluación de riesgos.
Las infracciones podrían clasificarse según su gravedad, con multas económicas que pueden llegar hasta los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio global anual de la empresa infractora, aplicándose la cantidad que resulte mayor en función del tamaño de la compañía.
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