La decisión de la CNMC, comunicada el pasado 19 de diciembre, llega después de que la tecnológica estadounidense aceptara una serie de compromisos dirigidos a mejorar las condiciones de negociación con editoriales y agencias de noticias.
Estas medidas afectarán a servicios como Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase y estarán sometidas a la supervisión de la CNMC supervisión durante cinco años, prorrogables por otros cinco.
«Estamos muy contentos de que la acción colectiva iniciada por nuestra Entidad haya culminado en un proceso de refuerzo de los derechos de propiedad intelectual de la prensa», ha explicado Jorge Corrales, director general de CEDRO. «Esta experiencia también puede ser un ejemplo de cómo organizarse de cara al reto de la IA».
El origen del caso se remonta a 2021 cuando nuestra Entidad presentó una denuncia contra Google ante la autoridad de competencia por abuso de posición dominante en el mercado de la agregación de noticias y en el de la publicidad digital.
Corrales ha aclarado que «La intervención de nuestra Entidad tenía como fin poner en el valor los derechos de propiedad intelectual de los editores de prensa y asegurar un marco que garantizara que los editores pudieran negociar de forma justa el uso de sus contenidos por parte de Google.»
Entre los compromisos asumidos por la tecnológica se encuentran la obligación de ofrecer a los editores información clara y detallada sobre cómo calcula la remuneración por el uso de sus contenidos. También deberá explicar la metodología y los parámetros aplicados, así como tomar como referencia los ingresos publicitarios relevantes vinculados a los servicios en los que se utilizan las noticias.
Asimismo, Google se compromete a establecer un procedimiento de negociación estructurado, con reglas claras, plazos definidos y mecanismos específicos para la resolución de conflictos, todo ello conforme a lo previsto en la legislación española. Este marco busca garantizar negociaciones más equilibradas y evitar prácticas discriminatorias entre los distintos editores.
El acuerdo también contempla la revisión anual de las ofertas económicas, lo que permitirá ajustar las condiciones a la evolución del mercado digital. Además, los editores podrán solicitar una remuneración retroactiva desde la entrada en vigor del artículo 129 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, reforzando la trazabilidad y el control del flujo económico asociado al uso de contenidos periodísticos.
Desde el punto de vista de CEDRO, este caso pone de manifiesto el valor de la gestión colectiva como instrumento esencial para la sostenibilidad del trabajo de los autores y editores de la cultura escrita, así como la forma más eficiente para negociar de forma conjunta reglas claras y justa por el uso de la propiedad intelectual de los colectivos autorales y editoriales.
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