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La Comisión Europea propone blindar a las tecnológicas de IA en detrimento de los derechos de autor

La Comisión Europea propone blindar a las tecnológicas de IA en detrimento de los derechos de autor

Madrid, 21/11/2025.  La Comisión Europea presentó el pasado 19 de noviembre un nuevo paquete legislativo, que, de aprobarse, supondría, entre otras medidas, reducir y retrasar las obligaciones previstas para las tecnológicas de IA. Esta decisión debilitaría aún más los derechos de autor del sector de la cultura escrita. 

 

Más tiempo para actuar sin control 

La Comisión propone retrasar hasta diciembre de 2027, o incluso hasta 2028 en algunos casos, la aplicación de las obligaciones para los modelos de IA de «alto riesgo», inicialmente previstas para 2026.  

En la práctica esto supondría que se amplía el plazo en el que no estará controlado el impacto de la IA en sectores sensibles como educación, recursos humanos o cultura. La justificación de la Comisión es dar más tiempo a las empresas tecnológicas para adaptarse.  

Jorge Corrales, director general de CEDRO, asegura que el conjunto de la propuesta «abre la puerta a que las grandes empresas tecnológicas “copien” libros, periódicos, revistas y partituras sin control ni transparencia durante más tiempo, poniendo en riesgo la viabilidad de los modelos editoriales y privando a los escritores, traductores, periodistas y editores de su capacidad de defender y ejercer sus derechos de propiedad intelectual». 

Reducción de obligaciones en alfabetización en IA

La propuesta —conocida como Digital Package Omnibus— elimina la obligación de que proveedores y usuarios tengan un nivel mínimo de formación sobre los riesgos y funcionamiento de la IA. En su lugar, solo se fomentará esta alfabetización, lo que puede disminuir la comprensión de los riesgos asociados al uso de estas tecnologías. 

Más competencias para la Oficina Europea de IA 

El paquete amplía las funciones de la Oficina Europea de IA y supondría centralizar la supervisión en Bruselas y podría reducir el papel de las autoridades nacionales en el control de tecnologías que afectan al sector autoral y editorial. 

Reducción de cargas administrativas en el registro de sistemas

Si se aprueba, los proveedores ya no tendrían que registrar en la base de datos pública de la UE ciertos sistemas de alto riesgo, siempre que demuestren que su uso concreto no supone un riesgo elevado. Solo deberán justificarlo si las autoridades lo solicitan. Esto dificultaría que los titulares de derechos conozcan qué sistemas utilizan sus obras. 

Menos sanciones para empresas medianas

La propuesta introduce un régimen de sanciones más reducido para empresas medianas, ampliando las flexibilidades ya concedidas a pymes y startups. Esto significa que muchas compañías del sector tecnológico podrían enfrentar multas menos disuasorias en caso de incumplimiento. 

Corrales subraya la importancia de visibilizar el Retorno Social de la Inversión (SROI, por sus siglas en inglés) de la propiedad intelectual: «Es fundamental que la sociedad conozca que los derechos de autor no solo protegen la creación, sino que también generan beneficios sociales y económicos que van más allá del ámbito de la cultura» y añade que «Estos impactos positivos deben considerarse al diseñar regulaciones, para garantizar que las políticas no socaven el valor que los autores aportan a la sociedad». 

Esta propuesta inicia su proceso legislativo que implica ser estudiada y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

Imagen: Shutterstock