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La decisión llega tras la audiencia celebrada el pasado 8 de septiembre, en la que Alsup expresó sus dudas sobre el pacto, valorado en 1.500 millones de dólares, al considerar que deja preguntas importantes en el aire. Entre ellas, la falta de transparencia en la lista de obras afectadas, la identidad de los demandantes de la acción colectiva y la ausencia de garantías de que no surjan nuevas reclamaciones en el futuro.
Alsup ha exigido a las partes que presenten información aclaratoria antes del 15 de septiembre. Hasta entonces, la validación del acuerdo queda suspendida el próximo día 25.
Anthropic negocia este acuerdo colectivo con autores y editores por el uso no autorizado de libros pirateados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. La demanda, presentada en 2024 en EE. UU., fue admitida como acción colectiva hace unas semanas, permitiendo que más creadores se sumen si cumplen con una serie de requisitos, entre otros ser titulares de derechos de obras pirateadas desde determinados sitios, que consten inscritas en la oficina registral estadounidense. Desde CEDRO advierten que estas condiciones dejan fuera a muchos autores y editores no estadounidenses que sí habrían sido afectados por la actividad de Anthropic, limitando su capacidad de defensa.
El pacto establece una compensación de mil quinientos millones de dólares, más pagos adicionales de 3000 $ por libro que exceda de las 500.000 obras tenidas en cuenta.
De llegar a materializarse, la suma total de este acuerdo sería la mayor compensación por infracción de derechos de autor en el ámbito de la inteligencia artificial.
Sin embargo, organizaciones del sector advierten que no aborda el núcleo del problema: el uso sistemático de contenido protegido, para entrenar modelos de IA sin el consentimiento de los titulares de derechos. Y ello porque este pacto se refiere únicamente a aquellas obras empleadas en el entrenamiento, cuya fuente era ilícita.
El director general de CEDRO, Jorge Corrales, ha asegurado que «El acuerdo con Anthropic no es bueno para los autores y editores, sino un ejemplo de lo barato que resulta vulnerar nuestros derechos. Para una empresa de este tamaño, 1.500 millones no son una sanción disuasoria, sino un coste asumible».
Además, el texto no exige la eliminación del contenido pirateado, la retirada de los modelos del mercado ni su reentrenamiento, lo que permitiría a la empresa seguir beneficiándose del uso indebido de obras protegidas.
Además, desde el punto de vista de nuestra Entidad, estas condiciones dejan fuera a muchos autores y editores no estadounidenses, privándoles de ser resarcidos por el uso ilícito de su obra. La organización trabaja para identificar posibles afectados en España y denuncia que este tipo de acuerdos refuerzan un modelo injusto donde las tecnológicas extraen valor de contenidos protegidos sin compensación adecuada.
Corrales sostiene que la única forma de evitar este tipo de acuerdos injustos es establecer mecanismos de redistribución de ingresos en los nuevos modelos de negocio, que incluyan a todos los autores y editores cuyas obras se utilizan.
Desde el punto de vista de nuestra Entidad, estas condiciones dejan fuera a muchos autores y editores no estadounidenses cuyas obras han sido utilizadas por la tecnológica y no dan respuesta a la mayor demanda de nuestro sector, como es el compromiso de las compañías tecnológicas de obtener autorización para el empleo de obras protegidas en el entrenamiento de sus herramientas de IA.
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