En la última reunión técnica de los trílogos —Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europeo, órganos de los que depende la aprobación del texto definitivo—, celebrada el pasado
10 de noviembre, Alemania, Francia e Italia rechazaron regular los sistemas de IAG, una decisión que contrapone los últimos acuerdos alcanzados por los Estados miembros de la UE hasta el momento.
Estos países, que además acaban de proponer un modelo de autorregulación para abordar esta problemática, consideran que legislar estas herramientas pondría a las empresas europeas que desarrollan sistemas de IAG en una situación de desventaja competitiva frente a las de otros países, como China o Estados Unidos.
Ante la falta de acuerdo, la Presidencia Española del Consejo Europeo se verá obligada a presentar una propuesta de Ley alternativa en las próximas semanas, antes de que termine el año. Dadas las fechas, es posible que no se alcance un acuerdo y que esta regulación no vea la luz. Bélgica, que será el país que ostente la presidencia de este órgano a partir de enero de 2024, sería entonces quien se encargue de sacar adelante la futura ley sobre IA.
Ante esta situación, la European Writers’ Council (ECW), la asociación europea que agrupa a más de 220.000 escritores y traductores, considera que si no se alcanza una regulación europea en materia de IAG, el sector cultural y sus ciudadanos quedarán desprotegidos y que Europa perderá la oportunidad de liderar una regulación en este ámbito.
En consecuencia, esta asociación ha manifestado al Consejo que «los derechos morales y económicos de propiedad intelectual de los autores no deberían ser sacrificados» en favor de empresas que desarrollan sistemas de IA y que el prestigio de la UE se verá socavado si no se alcanza un acuerdo.
Los autores europeos solicitan al Consejo de la UE que reconsidere las objeciones que plantean estos tres países y que retomen el consenso que se había alcanzado, dejando de lado los intereses nacionales y privados de estos Estados; una defensa firme de los derechos morales y económicos de propiedad intelectual, con el fin salvaguardar los recursos de este sector, uno de los más grandes de la UE; y el compromiso de regular la IAG para proteger a autores, ciudadanos y sociedades de un mal uso de estas herramientas.
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