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La Ley de Servicios Digitales establece las obligaciones para los prestadores de determinados servicios de la sociedad de la información, que prestan servicios de intermediación, como redes sociales, mercados en línea, entre otras plataformas.
Los nuevos requisitos incluyen nuevas medidas para neutralizar contenidos ilegales en línea, así como intervenir inmediatamente, respetando siempre los derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protección de datos. También se endurecerán los requisitos de trazabilidad y de los controles a los comercios en línea, con el fin de garantizar la seguridad de los productos y servicios.
La transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas se verán reforzadas y serán prohibidas las prácticas engañosas y de ciertos tipos de publicidad selectiva, así como interfaces engañosas o los llamados «patrones oscuros» y de toda práctica diseñada para manipular las elecciones de los usuarios.
La Ley de Mercados Digitales establece obligaciones para las grandes plataformas en línea que ejercen como guardianes de acceso en el mercado digital para velar por un entorno empresarial más justo y una mayor oferta de servicios para los consumidores.
Para evitar prácticas comerciales desleales, las plataformas consideradas guardianes de acceso deberán permitir que terceros interoperen con sus servicios, permitir a los usuarios profesionales acceder a los datos que generan en la plataforma del guardián de acceso, promover sus propias ofertas y celebrar contratos con sus clientes, al margen de la plataforma del guardián de acceso.
Los guardianes de acceso tendrán prohibido dar un trato de favor en sus plataformas, impedir que los usuarios desinstalen fácilmente las aplicaciones o programas preinstalados o utilicen aplicaciones y tiendas de aplicaciones de terceros y, por último, tratar los datos personales de los usuarios para enviarles publicidad dirigida sin su consentimiento expreso.
La Ley de Servicios Digitales será directamente aplicable en toda la UE quince meses después de su entrada en vigor o a partir del 1 de enero de 2024 (la fecha más tardía de las dos) y la Ley de Mercados Digitales comenzará a aplicarse seis meses después de su entrada en vigor.
Jorge Corrales, director general de CEDRO, considera que «la DSA es una regulación tímida, que se ha quedado a medio camino para garantizar los derechos de propiedad intelectual en la red». Corrales explica que «se podría haber avanzado en el impulso de medidas que permitan luchar contra las infracciones de los derechos de autor en el entorno digital, sobre todo en lo que se refiere a la actividad de las plataformas que utilizan obras protegidas en sus servicios» y añade que: «queda mucho camino por recorrer en lo que a asegurar la libertad de prensa»
Respecto a la DMA, el director de CEDRO se une al resto de voces, asegurando que podría ser una buena regulación, siempre y cuando, «desde la UE se asignen recursos humanos y económicos para que se puedan desarrollar sus medidas».
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