El pasado 23 de abril, se alcanzó un acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta relativa el reglamento europeo de Servicios Digitales (LSD o DSA, en sus siglas en inglés), presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2020.
Esta establece una nueva regulación sobre la rendición de cuentas de las plataformas en línea en relación con los contenidos ilícitos y nocivos. Para la Comisión Europea, la LSD brindará una mejor protección a los usuarios de internet y sus derechos fundamentales, y definirá un conjunto único de normas en el mercado interior que ayudará a las plataformas más pequeñas a expandirse.
Según su presidenta, Ursula von der Leyen, con esta norma «se concreta el principio de que aquello que es ilegal cuando no está en línea, debe ser ilegal también cuando esté en línea». Además, desde la Comisión Europea se considera que «las plataformas deben ser transparentes en cuanto a sus decisiones de moderación de contenidos, impidiendo que la desinformación peligrosa se convierta en viral y evitando que se oferten productos que no son seguros en los mercados en línea».
Estas obligaciones de diligencia serán aplicables a todos los servicios digitales que ofrezcan bienes, servicios o contenidos a los consumidores, incluidos nuevos procedimientos para la retirada más rápida de contenidos ilícitos, como las copias piratas de libros, revistas, periódicos y partituras, así como una protección completa de los derechos fundamentales de los usuarios en línea.
Ambos organismos europeos, el pasado 25 de marzo, también alcanzaron un acuerdo provisional sobre el reglamento de Mercados Digitales (LMD o DMA, en sus siglas en inglés). Esta futura norma, según informan desde el Consejo Europeo, tiene el objetivo de impedir que cualquier gran plataforma en línea, que se encuentre en una posición de «guardián de acceso» frente a un gran número de usuarios, es decir, aquellas que tienen un gran peso en Internet debido a su volumen de negocio, abuse de esta posición en detrimento de otras empresas que deseen acceder a dichos usuarios. De esta forma, la UE busca alcanzar un mercado único digital más equitativo y justo.
Tras estos acuerdos provisionales, el Parlamento y el Consejo Europeo deberán votar la versión definitiva de ambas normas, que serán directamente aplicables a las legislaciones de los países miembros.
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