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Jueves, 27/11/2025 | Universidad Complutense de Madrid | 9:30 – 18:00 horas
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Manifiesto por la independencia y pluralidad de la cultura europea
Mediante el manifiesto Por la independencia y pluralidad de la cultura europea, las entidades de gestión presentaron al Ejecutivo soluciones que garantizan la protección de los derechos de propiedad intelectual, ante la próxima trasposición de esta normativa europea, que deberá efectuarse antes del 7 de junio de este año.
La Directiva reconoce, en su artículo 15, un derecho conexo a favor de los editores de prensa por el uso que determinadas plataformas tecnológicas, como son los agregadores y buscadores, realizan de sus contenidos sin su autorización. Asimismo, también establece que a los autores de estas publicaciones les corresponderá una parte adecuada de las cantidades que perciban los editores por este concepto.
En el texto, las entidades reclaman que, en la trasposición a la legislación española de esta norma, el Gobierno mantenga la gestión colectiva obligatoria de estos derechos y su irrenunciabilidad, como única forma de «establecer un equilibrio negociador que posibilite que los editores de prensa sean compensados adecuadamente», así como los autores que participan en estas publicaciones.
Además, el manifiesto añade que «la irrenunciabilidad de estos derechos equilibrará la balanza y evitará que los editores sufran presiones de Google u otros gigantes tecnológicos, que exigen cesiones de derechos gratuitas que privarían también a los periodistas y otros autores de la obtención de una remuneración adecuada».
Una prensa plural, veraz y de calidad
Las entidades de gestión, además, recuerdan en el texto la importancia de la gestión colectiva obligatoria para la sociedad, al asegurar el «acceso a una prensa plural, veraz y de calidad» en un contexto social «invadido por bulos, noticias falsas, discursos de odio y desinformación».Transparencia en la gestión de derechos
Las entidades de gestión también resaltan en este manifiesto su preocupación ante la falta de transparencia que la gestión individual de estos derechos conllevaría: «Los pagos por la explotación de contenidos de prensa sin autorización expresa no los debe fijar de forma arbitraria un algoritmo cuyo funcionamiento está enteramente controlado por Google y es opaco para las AAPP, la opinión pública y los propios interesados».En este sentido, el texto alude a las instituciones europeas para que no cedan ante la «presión que Google y otros ejercen para influir en la tramitación y contenido de la futura Digital Services Act», norma que regulará los servicios digitales, «con el declarado objetivo de desvirtuar también el artículo 17 de la Directiva», que tiene como finalidad evitar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los autores cuando los usuarios suban contenido a plataformas como YouTube o Facebook.
Un problema internacional
El pasado 26 de enero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó un mensaje contundente a las grandes tecnológicas, en el Foro Económico de Davos. La presidenta recordó que el modelo de negocio de las plataformas de internet influye directamente en las democracias, seguridad y la calidad de la información, y puso de manifiesto la responsabilidad de estas empresas en la propagación o retirada de contenido.
Sin embargo, no solo en los países miembros de la Unión Europea los Gobiernos se están viendo presionados por las grandes tecnológicas. En Australia, Google ha advertido al país su intención de cerrar su motor de búsqueda ante la introducción de nuevas leyes que le obligarían a negociar pagos con los medios de comunicación nacionales por el uso de sus noticias, según informan desde la agencia Reuters.La negativa del Gobierno a cambiar su enfoque ha despertado el interés de Microsoft. Esta empresa ha propuesto al Gobierno australiano su buscador Bing como alternativa a Google, como ha anunciado este lunes el primer ministro Scott Morrison.
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