El Gobierno inicia una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que perjudica gravemente a los autores y editoriales
Los aspectos del texto que más perjudican al sector son:
1. Limitación al máximo de la definición de copia privada. Por una parte, esto supondrá una drástica reducción de la cantidad que autores y editores recibían como compensación por copia privada de sus obras, y, por otra, se convertirán en ilícitas muchas reproducciones de libros que antes eran legales y por las que los titulares de derechos eran compensados mediante el famoso «canon digital».
2. Ampliación de las copias (fotocopias y digitales) de libros y revistas y de los usos que se pueden hacer de ellas en colegios y universidades sin contar con la autorización de los titulares de derechos y sin remuneración alguna para la mayoría de ellos.
En esta propuesta también se han incluido medidas para mejorar la lucha contra la piratería en la red y para incrementar la transparencia de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
De Andrés asegura que el Gobierno tiene que reconsiderar el conjunto de esta propuesta y reformar la ley con una visión a medio y largo plazo, puesto que, de aprobarse finalmente el texto tal y como está, «se destruirá nuestro tejido editorial y creativo y se discriminará a los creadores y a la industria española respecto a los países de nuestro entorno».
El borrador aprobado por el Gobierno, que sitúa a España en dirección opuesta a los países de la Unión Europea, se ha llevado a cabo sin tener en cuenta ni las peticiones presentadas por CEDRO ni las de los miles de socios de nuestra Entidad que le hicieron llegar estas mismas propuestas.
La comunidad internacional, a través de IFRRO (Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) y de la EWC (Asociación Europea de Escritores) han trasladado al Gobierno su rechazo al proyecto de reforma de la ley porque supone que España prive a los autores y editores de recibir una retribución por determinados usos de sus obras.
El texto aprobado por el Consejo de Ministros tendrá que seguir los trámites oportunos hasta su aprobación definitiva. En este proceso CEDRO desarrollará las acciones necesarias para que el texto final incluya sus peticiones en materia de copia privada y en lo que se refiere a la remuneración por las reutilizaciones de las obras de sus socios en los ámbitos educativos.
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