El estudio ha sido presentado por Carme Riera, presidenta de CEDRO; Jorge Corrales, director general de la Entidad; y Héctor Jiménez, director de Qbo, consultora encargada de su realización. 

A continuación, Riera ha moderado un diálogo sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en el mundo de la creación, en el que han participado Jesús Badenes (Grupo Planeta) y las escritoras Najat El Hachmi y Carmen Posadas. La jornada ha sido clausurada por Carmen Páez, subsecretaria del Ministerio de Cultura.

La cultura escrita como “bien de mérito” y su protección: una cuestión de Estado

El análisis confirma que la sociedad española considera la cultura escrita un “bien de mérito” por sus beneficios sociales. Carme Riera ha subrayado que su protección «debe ser entendida como una auténtica cuestión de Estado, ya que sin cultura escrita no hay democracia sólida, ni educación libre, ni desarrollo social sostenible».

En línea con esta idea, el informe revela que el 83,7 % de los encuestados afirma que respetar los derechos de propiedad intelectual constituye una buena práctica social, ya que se percibe como una fórmula de autocuidado. 

«La cultura escrita requiere tiempo, esfuerzo intelectual y un compromiso ético que deben ser reconocidos legal, social y económicamente», ha señalado Riera. «Si no hay sostenibilidad de la cultura escrita, la libertad de crear y editar dejará de ser un derecho y volverá a ser un privilegio, obligándonos a depender de un mecenas, como ocurría en el Siglo de Oro», ha añadido la presidenta de CEDRO.

Las tecnológicas como responsables de la devaluación creativa y editorial

El tercer Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita identifica que la ciudadanía responsabiliza a las empresas tecnológicas de la devaluación del trabajo creativo y editorial. En este sentido, el 45,7 % de las personas consultadas percibe que los intereses de la tecnología y la cultura son contrapuestos y el 63 % considera que las empresas tecnológicas deberían contar con el permiso del autor o editor antes de utilizar contenidos, por ejemplo, para entrenar inteligencia artificial. Además, el 72,7 % opina que el sector público prioriza los intereses tecnológicos sobre los del sector cultural.

Riera ha explicado que «en las últimas décadas, ha provocado avanzar hacia una profesionalización del sector, la tecnología nos ha llevado a una devaluación de nuestro trabajo, y nuestros oficios —clave en sociedades cultas, avanzadas y democráticas— dependen cada vez más de la vocación de quienes los ejercemos».

La protección de la propiedad intelectual: una tarea transversal en los gobiernos

Los ciudadanos piden una respuesta institucional coordinada ante esta situación. El 52 % de los encuestados considera que la defensa de los derechos de autor debe involucrar a las áreas de Cultura, Transformación Digital, Industria y Justicia, y no depender únicamente del ámbito cultural.

Por eso, ha afirmado Riera «CEDRO propone un Pacto de Estado para la protección del valor de libros, revistas, periódicos y partituras, que involucre a todos los sectores políticos, jurídicos, económicos y tecnológicos de los gobiernos».

Déficit de información 

El estudio también revela un importante déficit de información sobre los derechos de autor, lo que dificulta que la sociedad valore adecuadamente los beneficios sociales que estos generan. 

Un 67,6 % de los participantes en el estudio considera que falta información en esta materia, mientras que un 88,7 % demanda con urgencia explicar mejor tanto los factores positivos asociados a la protección de la propiedad intelectual como los efectos negativos que la tecnología puede provocar sobre la creación cultural.

Ejemplaridad institucional

Las prácticas que afectan a la sostenibilidad de la cultura escrita siguen siendo motivo de preocupación. Entre ellas destacan el plagio de contenidos o la reutilización de contenidos editoriales sin autorización ni remuneración, como las copias en instituciones, la distribución del clipping de prensa o el uso de obras para entrenar inteligencia artificial señaladas por más del 75 % de los encuestados. Estas prácticas reducen el valor de las obras y generan incertidumbre sobre el futuro del sector editorial.

Además, los ciudadanos consideran que la ejemplaridad institucional es clave. Un 95,8 % manifiesta que el cumplimiento de los derechos de autor por parte de las Administraciones es igual o más importante que el de las empresas tecnológicas. Proteger la cultura escrita se entiende como un compromiso ético y social.

Un 88 % de los que han participado en el estudio reclama conectar las políticas públicas con las expectativas sociales en esta materia.

El Observatorio también advierte que los sesgos institucionales, al ignorar los derechos de autor o priorizar la tecnología sobre la cultura, debilitan la confianza social; superarlos es clave para garantizar un acceso responsable al conocimiento.

La IA, entre la fascinación y el temor

La Inteligencia Artificial (IA) despierta tanto interés como preocupación entre la sociedad española. Según el estudio, el 51,4 % de la población ya piensa que representa un riesgo alto para la sociedad, especialmente por la manipulación informativa y la pérdida de pensamiento crítico.

«Las tecnológicas han utilizado obras de escritores, periodistas y traductores sin consentimiento ni compensación», ha recordado Jorge Corrales, «No se trató de un descuido, sino de una decisión económica».

• El 73 % de los usuarios utiliza contenidos preexistentes en sus prompts, lo que implica que gran parte de los materiales empleados para entrenar IA tienen derechos de autor.
• El 89,7 % cree que el Estado debe regular la IA, especialmente en el ámbito cultural, y un 64,3 % considera que esa regulación es esencial para garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas, y no al revés.
• El 89 % vincula el progreso sostenible a la adecuada protección de autores y editores.

«Se ha humanizado la IA para generar confianza, pero al hacerlo se diluye la responsabilidad de quienes la controlan», ha advertido Corrales. «El Observatorio demuestra que la sociedad no se opone a la tecnología, pero sí exige equilibrio, transparencia y justicia».

«No se trata de frenar la innovación, sino de darle dirección y sentido humano, de garantizar que el progreso tecnológico no se construya a costa de la precariedad de quienes crean», ha concluido el director general de CEDRO.

Soluciones: líneas de acción

En el Observatorio se propone como medidas para avanzar en la sostenibilidad de la cultura escrita impulsar una legislación clara que elimine las ambigüedades sobre el uso de contenidos editoriales en entornos digitales, garantizar transparencia institucional en su utilización y distribución, fomentar la educación y formación sobre derechos de autor en todos los niveles educativos y en la Administración pública, y desarrollar campañas de sensibilización que destaquen el valor de los contenidos, promuevan el respeto a los autores y alerten sobre las consecuencias de la piratería.

La investigación, llevada a cabo por Qbo, combina una metodología mixta con técnicas cuantitativas y cualitativas, entre las que se incluyen encuestas, entrevistas y dinámicas de grupo con usuarios de contenidos digital.

I y II Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita

El Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita es una iniciativa de CEDRO cuyo objetivo es analizar la situación de los derechos de autor en el sector editorial español. 

En el I Observatorio, se constató que el sector editorial en España vive una situación de desventaja competitiva respecto a los países de su entorno. Las causas principales son la baja remuneración por la reutilización de contenidos, el incremento de la piratería, entre otras cuestiones. 

El II Observatorio profundizó en la percepción social sobre los contenidos editoriales y la propiedad intelectual. Reveló que la ciudadanía valora y respalda el trabajo de autores y editores, y apoya la puesta en marcha de políticas públicas que refuercen sus derechos. El estudio identificó también los sesgos cognitivos y las justificaciones que hay detrás del consumo ilícito de contenidos editoriales digitales, muchos de ellos potenciados por la tecnología y la falta de ejemplaridad institucional.