Gestión del préstamo público

Quedan exceptuados los préstamos realizados en establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como los efectuados en las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. Tampoco generan el derecho de remuneración por préstamo: la consulta en sala, los préstamos de obras interbibliotecarios y el préstamo en beneficio de personas con discapacidad.

La biblioteca cuando abona un precio por la compra de un libro adquiere derechos de propiedad sobre ese ejemplar, se convierte en dueño de ese ejemplar. Sin embargo, no adquiere derechos de propiedad intelectual sobre la obra que contiene ese ejemplar, de forma que no puede reproducirla, distribuirla (prestándola, por ejemplo), transformarla o comunicarla públicamente si no cuenta con la autorización del titular de derechos o la Ley se lo permite a través de un límite o excepción.

A través del artículo 37.2 la Ley permite a determinados establecimientos distribuir (mediante préstamo) las obras de sus colecciones, pero debe abonar una remuneración a los autores en contraprestación.

El conocido como “préstamo digital” no se encuentra amparado por la excepción. La regulación actual establece que esta remuneración va ligada al préstamo de un ejemplar, por lo tanto, el acceso facilitado por una biblioteca a una obra divulgada digitalmente no genera remuneración alguna por este concepto.

Esta remuneración está reconocida en un gran número de países (ver Plr Internacional). CEDRO tiene firmados convenios bilaterales con las entidades de algunos de ellos. De esta forma, los autores españoles reciben la remuneración que les corresponde por los préstamos de sus obras, independientemente del país de edición, que se llevan a cabo en esas bibliotecas, y los autores nacionales de esos países reciben las cantidades generadas por el préstamo de sus obras en las bibliotecas de España.