Ver la paja en el ojo ajeno y no…

La apertura del nuevo proceso de consulta europea específica sobre una posible iniciativa para mejorar el entorno de los derechos de autor en materia de creatividad e innovación europeas¹ es una buena oportunidad para analizar la evolución de los derechos de autor en algunos ámbitos de actividad donde la disponibilidad y utilización de obras editoriales constituyen un factor determinante. Hay que tener en cuenta que, en general, la respuesta depende, en gran parte, de los incentivos económicos y presupuestarios que existan. 

Si nos centramos en el ámbito público, como veremos a continuación, el comportamiento de los gobiernos y de otras administraciones no es arbitrario en el tema que nos ocupa. Estas se han defendido activamente del supuesto de extracción de rentas cuando afectaba a sus propios intereses económicos, mientras que, en otros casos, quizá, han adoptado un papel más pasivo. Sobre todo, en aquellos ámbitos donde intervenir en defensa de los derechos de los autores y editores no les reporta un beneficio presupuestario directo, aunque sí uno indirecto y estratégico, y donde pueden obtener el valor de la reutilización de obras protegidas sin asumir el coste de su uso.  

Hablamos de un utilitarismo presupuestario similar al que hace a muchas personas decir aquello de «factura sin IVA» cuando se les presenta la oportunidad. En estos casos, por tanto, el «beneficio» no está tanto en dejar de pagar como en no tener que asumir el coste de utilizar las obras que otros crean y publican, aunque sea de una forma legalmente controvertida. Es decir, actuar como un free rider que extrae valor de esas obras aun a sabiendas del impacto y degradación institucional que ello puede generar.  

No se trata solo de un tema económico, sino de una cuestión transversal. Como bien nos recuerdan en muchas ocasiones los sociólogos, una sociedad puede avanzar en términos técnicos, macroeconómicos o de infraestructura física, pero ese avance no constituye un progreso social real si destruye la cohesión, el bienestar colectivo y la equidad.  

Teniendo en cuenta esto, el desorden provocado por los desequilibrios de poder actuales —donde el Estado deja que otros ofrezcan la solución, como vemos cuando las Big Tech primero utilizan las obras y luego piden perdón, etc.— solo puede corregirse en las situaciones en las que las políticas públicas aplican el principio de reciprocidad. Un criterio que implica que ningún actor puede utilizar o explotar el trabajo de otro sin que exista una contraprestación económica justa o un beneficio equivalente, por ejemplo, en forma de empleo o ingresos indirectos. Así garantiza que el valor generado revierta, de forma justa, en quienes dedican su vida a escribir, investigar, traducir e informar. 

Nos centraremos en cuatro sectores de actividad: la investigación y ciencia básica; los usos de obras por parte de Big Tech; la reutilización de obras en los ámbitos educativos; y el resto de las administraciones públicas y la piratería. 

Investigación y ciencia básica 

El reconocimiento del valor de la investigación científica básica —aquella orientada a generar nuevo conocimiento sin perseguir necesariamente una aplicación inmediata— se hizo aún más patente tras la presentación del informe Science. The Endless Frontier, elaborado en 1945 por Vannevar Bush para el entonces presidente de los Estados Unidos. En él se defendía que la investigación científica básica, financiada por el Estado ante la falta de interés privado, constituye un motor indispensable para el progreso económico, la salud pública y la seguridad nacional de un país. 

En dicho modelo, los Estados no recuperaban la inversión inicial de una forma directa, sino a través de cuatro vías: crecimiento industrial y fiscal; soberanía y seguridad nacional; reducción del gasto público en salud y una población más productiva. Podríamos decir que dicha apuesta se recuperaría mediante el gran círculo virtuoso de mayor crecimiento económico, mayor empleo y un incremento masivo de los ingresos fiscales. 

Años después, otro de los planteamientos no centraba la atención solo en la financiación sino también en el acceso a sus resultados. Por ejemplo, la Budapest Open Access Initiative de 2002 que nació, al amparo de la revolución digital, con el objetivo de romper los «silos de poder» que dificultaban el acceso y circulación del conocimiento. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado, también, que contiene puntos ciegos de diseño en la distribución de poder dentro del nuevo modelo.  

Uno de ellos puede explicarse, desde nuestra perspectiva, mediante lo que el sociólogo Robert K. Merton denominó el «Efecto Mateo», que viene a decir que al que tiene, se le dará más y al que tiene menos, se le quitará. Esto es que quienes parten de una posición de ventaja tienden a acumular todavía más recursos y conocimiento.  La aplicación de este principio ha constituido un acceso abierto para leer, pero excluyente y elitista para producir, además de una desconexión absoluta con los objetivos perseguidos del bien común.  

Esta dinámica de concentración se ha incrementado en la era de la IA. De hecho, las autoridades han permitido que los datos, incluidas las obras editoriales, hayan sido capturados y explotados de forma privativa, favoreciendo la concentración de conocimiento en las grandes empresas tecnológicas, también en el ámbito de la IA. Véase el reciente caso de Finlandia, donde Google ha anunciado una inversión récord en el país de 13.000 millones de euros en centros de datos, lo que ha avalado la tala de más de 300 hectáreas de bosque ante el rechazo de parte de la opinión pública. Esto ha desconectado el ciclo virtuoso perseguido de retorno vía generación de trabajo e impuestos y que justificaba la inversión pública. Esta realidad origina graves tensiones que se ven maximizadas en el actual marco hiperglobalizado, que permite que el conocimiento generado por investigadores, autores y editoriales pueda ser expoliado por las tecnológicas de IA y transformado en otros productos que se pueden comercializar en la mayoría de las ocasiones de forma poco sostenible. 

En concreto, esta tensión se ve claramente en Europa, que es una superpotencia mundial en cuanto a la ciencia básica en sus universidades y laboratorios públicos. El nivel de inversión del Estado agregada en este ámbito es superior al de otras zonas geopolíticas. Sin embargo, es crónicamente incapaz de transformar ese conocimiento en riqueza, patentes, empresas gigantes y retorno económico, al contrario que otras potencias, como Estados Unidos o China, que sí disponen de muchos más recursos para afrontar estas segundas etapas para la explotación del conocimiento y capturar su valor económico. 

Todas estas decisiones se han concretado en el marco actual, a la vez que desde las administraciones se denuncia una actividad extractiva ilimitada que estarían desarrollando las grandes editoras científico-técnicas (STM). Sin embargo, esta preocupación no se manifiesta de la misma forma —en la práctica las potencian— ante otras actividades de extracción de valor como las que estamos viendo estos días en las que las empresas tecnológicas de IA están utilizando de forma masiva contenidos editoriales protegidos sin las autorizaciones necesarias por parte de sus titulares de derechos. 

Resulta cuanto menos curioso que políticas diseñadas para poner los resultados de la ciencia al servicio de la ciudadanía finalmente los convierta en la materia prima de unas pocas tecnológicas. Como diría Edmund Husserl en The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: «quisimos ser tan objetivos como la ciencia que nos convertimos en objetos». 

Usos de obras editoriales por parte de las Big Tech 

Otra de las áreas donde el papel de las administraciones tiene un impacto importante es el que deviene de la aceptación, de hecho, o de derecho, de las nuevas normas sociales impulsadas por las empresas tecnológicas respecto a los usos de las obras editoriales, tanto para el desarrollo y la explotación de sistemas de IA y otras tecnologías anteriores como por la utilización de estas. 

El gran desequilibrio en esta coexistencia se originó con la Directiva 2000/31. En ella se decidió aceptar que, para que internet pudiera prosperar, las empresas tecnológicas proveedoras servicios en la red no podían ser responsables de las actuaciones de los usuarios, a pesar de obtener grandes beneficios. Sin embargo, no se planteó hasta qué punto en el diseño de esas propias aplicaciones podría esconderse su responsabilidad en el futuro. El paso del tiempo nos está permitiendo comprobar cómo esa «inmunidad» está siendo cuestionada. Solo hace falta analizar los recientes casos de múltiples estados de EE. UU. contra Meta por el diseño adictivo de sus plataformas. 

La situación en este campo también ha supuesto una desconexión con el objetivo perseguido del bien común, ya que lo que se ha generado ha sido una privatización de los beneficios de la explotación de las obras editoriales en las empresas tecnológicas y una socialización de las pérdidas culturales, económicas y sociales. Los derechos de la ciudadanía han quedado relegados frente a los intereses de los accionistas y, frente al objetivo inicial de favorecer la innovación, el marco establecido ha generado un escudo protector para las empresas tecnológicas inicialmente implantadas en el sector. Aquí nos podemos preguntar si esta actividad de extracción de rentas tiene menos rango que la que se achaca a las STM.  

Reutilización de obras en los ámbitos educativos, resto de administraciones públicas y piratería 

Los creadores de obras editoriales también sienten que se han configurado principios extractivos sobre su trabajo, tanto en el ámbito educativo como en el resto de los sectores públicos —mediante usos como la reutilización de artículos de prensa y finetuning de sistemas de IA—, así como en otros entornos supuestamente privados. Una tendencia, seguramente potenciada aún más a raíz de los cambios culturales impulsados por actores de la nueva economía digital, frente a la cual no se planteado soluciones inclusivas y sostenibles.  

Daría la sensación de que es más fácil denunciar una actividad extractiva de rentas cuando eres víctima que cuando te sitúas en el papel de cómplice. Ante ello cabe preguntarse cuáles son las razones que explican esta diferente percepción. 

1. La autojustificación del «fin social» en la educación y la consideración de los derechos culturales únicamente desde el lado del acceso. 

El Estado no percibe como extractiva su propia acción en las aulas o en la garantía de acceso digital a las obras editoriales porque parece ampararla bajo un marco de superioridad moral. Puesto que prioriza el bienestar inmediato del consumidor, el Estado inevitablemente invisibiliza los costes de producción y la remuneración legítima de los autores y editores. Cree erróneamente, a nuestro parecer, que las publicaciones y el material didáctico son recursos inagotables que aparecen de la nada, idea falsa que quizá el uso de los sistemas de IA en la producción de contenidos llegue a reforzar. Sin embargo, el sector público al no integrar a los creadores y sus derechos en este modelo está destruyendo de forma extractiva el incentivo de la autoría.  

2. La asimetría tecnológica y la captura cognitiva por las Big Tech. 

Los gobiernos no están siendo capaces de frenar el comportamiento extractivo de Silicon Valley y su contraimagen china. Desde una perspectiva sociológica, los Estados sufren de una «captura cognitiva» por parte del relato tecnológico. Han asimilado el discurso de que la IA generativa y la digitalización masiva son sinónimos de progreso histórico inevitable. Frenar el «crawleo» de datos —obras editoriales—alegando al respeto a los derechos de autor se percibe políticamente en la mayoría de los casos como un freno a la competitividad nacional, aunque, como hemos visto, aquella tradicional forma de recuperar las inversiones ha quedado muy desdibujada en el actual marco de globalización política, financiera, tecnológica y laboral. 

3. El cálculo político frente a la piratería de obras editoriales. 

Perseguir con contundencia las infraestructuras de la piratería masiva de libros y prensa, como la producidas en redes de mensajería o servidores espejo, así como a las empresas que están detrás de ellas, requiere una inversión en recursos policiales y judiciales que parece que los gobiernos no consideran prioritaria. El único camino de actuación que puede llegar a garantizar a medio y largo plazo un resultado positivo en esta área pasa por fomentar el conocimiento a través de la formación, tanto en el sector de la educación como en las propias administraciones. ¿No es igual de importante trabajar por la sostenibilidad de la capacidad creativa que hacerlo por la sostenibilidad del medio ambiente como se viene haciendo desde hace años? 

4. La disociación de competencias del propio Estado. 

El Estado no es un ente monolítico; está profundamente fragmentado en ministerios y agencias que, en ocasiones, pareciera que apenas se comunican entre sí y que defienden intereses contrapuestos. Un ejemplo de ello lo encontramos, por ejemplo, cuando vemos que el Ministerio de Cultura, e incluso el de Trabajo, entienden perfectamente y denuncian el desastre que supone el agujero económico que la IA y la piratería provocan en el sector del libro y la prensa, mientras el Ministerio de Educación opera, en más de las ocasiones deseadas, bajo la premisa de abaratar costes a toda costa, forzando la digitalización gratuita y los recursos abiertos, en la mayoría de los casos, sin autorización de los autores y editores afectados y sin remunerar por el derecho de autor. Al mismo tiempo, el Ministerio de Transformación Digital promueve la adopción rápida de tecnologías de IA, facilitando el acceso a grandes corpus de datos para no perder la carrera económica sin tener en cuenta a todos los titulares de derechos afectados. 

Pero estos comportamientos no son inocuos, también generan una serie de efectos derivados del mal de costes de Baumol, puesto que la tecnología abarata el acceso a los contenidos, pero no su creación. Entre ellos: 

a. Degradación de la calidad pedagógica e inequidad oculta. 

La expropiación de facto de las obras editoriales y el uso de software gratuito de las Big Tech en las aulas pueden transformar el espacio escolar, promoviendo la pérdida de la diversidad y del rigor didáctico. Si se destruye, la viabilidad económica de las editoriales educativas independientes es imposible, desaparecen los equipos multidisciplinares de pedagogos, autores, correctores, diseñadores o editores que adaptan los contenidos al desarrollo cognitivo del alumnado. Como consecuencia, el material educativo llegaría a homogenizarse o precarizarse.  

Esta dinámica podría suponer alimentar el sesgo de segregación digital. Mientras que algunos centros carecen de la dotación necesaria para pagar licencias y dependen de los entornos gratuitos y opacos de las Big Tech corporativas (Google Classroom, etc.). Otros mantienen el acceso a materiales premium, ahondando la brecha en el rendimiento y la alfabetización crítica entre la educación pública y privada. 

b. Precarización y anomia de la creación humana. 

Este ecosistema finalmente destruirá el estatuto profesional de los trabajadores de la cultura, como escritores, traductores, periodistas y editores, al despojar a su trabajo de valor de cambio en el mercado. Los creadores, cada vez más, se ven empujados a una economía del subempleo o del gig work (trabajo por piezas), mientras sus obras son replicadas gratis por piratas o absorbidas por los sistemas de IA.  

Todo ello conduce a una pérdida de la identidad profesional. El trabajo aporta salario, identidad y reconocimiento social. Cuando el Estado promueve que el acceso al saber sea gratuito y las tecnológicas demuestran que pueden replicarlo de forma automatizada y sin coste, el sector sufre una profunda crisis de sentido (anomia), que puede provocar el abandono de la profesión y la fuga de talento creativo. 

c. Erosión del «valor percibido» y homogeneización cultural. 

La gratuidad artificial, proceda de la piratería o de la imposición pública, altera los patrones de consumo y la percepción colectiva de la creación. Cuando el precio de acceso a un libro o a una investigación cae a cero euros de forma desordenada, también el valor social percibido de ese contenido editorial se desploma. La sociedad empieza a considerar el esfuerzo intelectual como algo natural e infinito, desprovisto de mérito humano y de reconocimiento social y económico. Sociológicamente, se genera una cultura de consumo a gran escala y estandarizado. Las plataformas de IA comerciales, alimentadas de forma masiva con datos extraídos sin control, tienden a la reproducción del patrón estadístico. La literatura de nicho, la poesía o el ensayo crítico que no son rentables en el algoritmo de Silicon Valley corren el riesgo de quedar relegados a un reducto muy pequeño del mercado y de terminar desapareciendo. 

d. Fragilidad democrática y crisis de la esfera pública. 

La canibalización del mercado de la información por parte de las tecnológicas y la piratería desmantela el «cuarto poder», vital para la deliberación democrática. Los medios de información independientes corren el riesgo de cerrar. El espacio público es colonizado por el periodismo de clickbait, las granjas de contenido optimizadas para buscadores y la desinformación masiva generada por IA a coste cero. Al perder su viabilidad comercial en el mercado libre, los medios supervivientes se vuelven crónicamente dependientes de las subvenciones y de la publicidad institucional de las administraciones públicas. Esto anula la función crítica de la prensa, subordinando la información al dictado del poder político de turno. 

e. Asimetría geopolítica y pérdida de Soberanía Epistémica. 

La inacción regulatoria de los Estados frente al uso de las obras editoriales por parte de los sistemas de IA transfiere una parte del patrimonio intelectual de una comunidad a multinacionales extranjeras. Los creadores, la ciudadanía y las universidades públicas financian en gran medida la base del conocimiento básico (idioma, ciencia, historia regional), pero el control y la explotación de ese saber pasa a estar concentrado bajo el código de un puñado de empresas. De este modo, la sociedad pierde la soberanía para decidir cómo se archiva, se busca y se responde ante su propia memoria histórica e intelectual. 

Según autores, como la economista estadounidense Mariana Mazzucato y el politólogo canadiense Nick Srnicek, los gobiernos han cometido un error estratégico y global al diseñar sus políticas públicas, puesto que han asumido y financiado parte del riesgo del desarrollo de la innovación, pero regalando las rentas a manos privadas. Más que nunca, ante la nueva situación que dibuja el desarrollo de los sistemas con IA, deberíamos ser conscientes de no vivir de nuevo otro momento vitium subreptionis donde aceptemos, por engaño u omisión, unas condiciones cuyas consecuencias no se hacen explícitas y pueden acabar invalidando la legitimidad de nuestro sistema de convivencia en el futuro. 

Nuestro viaje por esta reflexión podría finalizar con la conclusión de que en aquellos sectores donde las administraciones son el supuesto «sujeto de la extracción», estas potencian un cambio de sistema, mientras que, cuando actúan como supuesto sujeto extractor u obtienen un beneficio indirecto, pudiendo llegar incluso a actuar como free riders y tienden a conservar el statu quo. Nos encontramos así en una situación donde el valor social percibido de una actividad humana se desploma cuando su precio de acceso cae artificialmente a cero –la caída del precio de acceso destruye la percepción de valor—. Y las instituciones se inclinan a tolerar este desequilibrio si con ello perciben un beneficio presupuestario, político o de competitividad inmediata, aunque el modelo resultante no sea sostenible ni inclusivo. 

Como bien nos recuerda la filósofa Sasha Mudd en su artículo «Reason is more than a tool», para Kant, la libertad no consiste en hacer lo que a uno se le antoje, ya que nuestros deseos pueden estar determinados por impulsos, apetitos u otras circunstancias. La autonomía, también para gobiernos y administraciones, significa autogobierno, pero no el gobierno de un «yo» aislado. Darse a sí mismo una ley no significa inventar una norma privada a medida de cada uno, sino actuar conforme a reglas cuya autoridad uno puede reconocer por sí mismo y que cualquier otro ser racional podría, en principio, reconocer también. Por tanto, una ley puede ser propia sin ser exclusiva de uno solo. Su universalidad es, precisamente, lo que la hace liberadora. 

Al final, seguimos navegando entre unas iniciativas políticas que buscan la igualdad, pero eliminan cualquier posibilidad de que los creadores de la cultura escrita y los editores participen en ellas y, otras que potencian muchos de los derechos de propiedad privados, excepto los de propiedad intelectual. 

¿Como gobernar una sociedad donde existen tantos mensajes contradictorios? 

Según la psicóloga cultural Michele Gelfand y sus teorías de las culturas rígidas (tight) y laxas (loose) las sociedades no se dividen solo por sus ideologías sino también por la fuerza de sus normas sociales y su tolerancia a la desviación. Los mensajes contradictorios surgen cuando las instituciones aplican reglas rígidas a problemas que requieren flexibilidad o viceversa. Para resolver los conflictos el Estado debe estructurar la laxitud con «puntos de apoyo rígidos» dentro del ecosistema libre. Como hemos visto a lo largo de las distintas ediciones del Observatorio para la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, muchos países del entorno europeo realizan apostando por pactos nacionales de respeto efectivo —con una obligación de resultado y no únicamente textual— de los derechos de autor por las reutilizaciones de las obras editoriales en los ámbitos de actuación de las propias administraciones. 

En nuestras manos —las de todas y todos— queda esforzarnos por intentar censurar cualquier actividad que constituya un ejercicio de extracción de rentas, ya sea de forma directa o indirecta, sobre los otros, y reclamar a los gobernantes que ofrezcan soluciones que permita disponer de dichos productos o servicios de forma que no se devalúe ni a nadie ni el trabajo de nadie. Esto hará que el sistema funcione mucho mejor para todos ya que al final, lo barato sale caro 

No olvidemos que la sociedad es un sistema. Uno donde el equilibrio entre las libertades —derechos que implantamos—, propósitos —el porqué de nuestras acciones— y responsabilidades —en un marco de no vulneraciones de los derechos o libertades de los otros— determina el resultado final del todo. Por tanto, un sistema con más libertades requiere de más propósito y de más responsabilidad para crecer, proceso para lo que es imprescindible integrar no solo el punto de vista económico sino también el ético, sociológico y filosófico. 

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