08/09/2026
«Panem et circenses» digital: ¿Por qué no se protege la inversión de autores y editores?
El que nos ocupa, el de la cultura escrita, se empobrece, entre otras razones, por la reutilización de los contenidos sin que se garanticen los mecanismos necesarios para que sus autores y editores reciban una remuneración justa, tanto por parte del sector privado como del público. Más difícil de entender resulta esta discriminación en los tiempos de la inteligencia artificial (IA), cuando las publicaciones editoriales constituyen una de las principales materias primas para el desarrollo de esta tecnología.
La discriminación del sector editorial
En general, hemos crecido pensando y, de alguna manera, hemos interiorizado en nuestro sistema de valores sociales, tal y como demuestran diversos estudios de piratería y usos de materiales protegidos dentro de las Administraciones públicas, que la justificación de las reutilizaciones no autorizadas de libros, prensa y partituras se sustenta bajo el razonamiento de que el coste que le supone al autor y al editor esa reproducción adicional de sus obras es casi inexistente.
Esta idea se refleja en distintas manifestaciones, como la piratería digital que lleva a cabo la ciudadanía, las reutilizaciones sin autorización en las Administraciones públicas o el uso de contenidos editoriales para desarrollo de sistemas de IA por parte de las grandes tecnológicas, conocidas como Big Tech.
Desde el punto de vista económico, esto se conoce como coste marginal cero o casi cero, en contraposición al precio que los editores fijan para la venta de las copias de sus obras. La percepción errónea de que los contenidos digitales carecen de coste se utiliza, por tanto, para justificar estas conductas que en su mayoría son vulneradoras de la propiedad intelectual y reflejan, además, una gran falta de valores respecto al trabajo de los autores y editores y su contribución «inmaterial» al progreso de la sociedad.
Y es que se tiende a obviar que detrás de cada obra existe una inversión económica, profesional y creativa que resulta imprescindible recuperar para garantizar la sostenibilidad del sector de la cultura escrita.
Al hacerlo, nos olvidamos de los múltiples ejemplos que conviven con nosotros y en los que esta misma realidad económica, caracterizada por costes marginales nulos o casi nulos. Sectores como el de la energía, a partir de energía renovable; las telecomunicaciones, sobre la capacidad ociosa; la industria farmacéutica, por el coste efectivo de fabricar el producto; o los servicios digitales, incluidos también los recientemente incorporados sistemas de IA, presentan una naturaleza similar. Sin embargo, nuestra percepción social y nuestro comportamiento frente a estos ámbitos se ha articulado de forma diferente. Al contrario de lo que ocurre con las obras que son fruto del trabajo de autores y editores, es el Estado —como analizaremos más adelante— el que ha definido y desarrollado políticas y sistemas que permiten a estos «productores» cubrir los costes fijos, es decir, recuperar la inversión. Esta lógica, sin embargo, parece invertirse cuando se trata de remunerar los derechos de autor en el sector editorial.
Esta diferencia de trato no se debe únicamente a una razón económica, sino también cultural. Está vinculada a la forma en la que se valoran determinadas actividades en nuestra sociedad. Por ejemplo, una parte considerable de la ciudadanía asume que es normal y legal el acceso inmediato y gratuito a los contenidos editoriales (libros, prensa, etc.), lo que hace olvidar que detrás de ellos hay una inversión que debe ser recuperada para que se siga creando y editando.
Quizá la idea romana de Panem et circenses tenga algo que ver en dicha diferencia de trato. Igual que entonces el entretenimiento se utilizaba para desviar la atención de las cuestiones importantes, hoy el entorno digital en el que estamos inmersos de forma ininterrumpida hace que nos olvidemos de otras realidades, como es el impacto que tienen determinadas reutilizaciones de los contenidos editoriales en la sostenibilidad de su sector, tal y como acabamos de explicar.
La comentada discriminación cobra hoy mayor relevancia con el desarrollo de los sistemas de IA, ya que estos permiten generar «productos» que compiten en el mercado editorial con aquellos que han sido creados por nuestros escritores, periodistas, traductores y editores.
Del coste de la copia al valor de la obra
Una vez que el libro, el periódico o la revista están editados digitalmente, es decir, obviando todo el trabajo previo de investigación y creación del escritor, traductor o periodista, así como las labores de corrección, edición de estilo y el resto de las tareas editoriales, su copia y distribución se reducen a un simple clic: un proceso instantáneo y prácticamente sin coste. Sin embargo, que el coste de cada uso adicional (copia) sea mínimo no quiere decir que esa reproducción no tenga valor ni que no deba remunerarse la inversión económica e intelectual necesarias para producir el original.
¿No pasa algo parecido con la electricidad que llega a nuestras casas generada de fuentes renovables o con nuestra conexión ADSL, 4G o 5G una vez que toda la red está establecida y operativa? ¿No es similar a lo que ocurre con algunos productos farmacéuticos cuando la patente ya está aprobada o cuando las Big Tech establecen un sistema de correo, como Gmail, o un servicio de chatbot basado en inteligencia artificial? ¿Cuál es el coste por realizar un uso de estos?
Paradójicamente, en todos los casos nos encontramos ante realidades similares. El coste para el «productor» de la reproducción o uso adicional de esa obra, producto o servicios es nulo o casi nulo. No obstante, ¿se aplica la misma política de adquisición de esos productos o servicios por parte de las Administraciones públicas?
Y es que, como hemos señalado, los poderes públicos reconocen que, aunque el coste marginal asociado a cada uso adicional pueda ser muy reducido en estos sectores, existen importantes costes fijos de inversión, desarrollo e infraestructura que deben ser remunerados para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por ello, establecen mecanismos de regulación, financiación y protección que permiten a las empresas energéticas, tecnológicas y farmacéuticas, entre otras, recuperar sus inversiones y desarrollar su actividad en condiciones de viabilidad.
Pero, cuando se trata de libros o prensa, no ocurre eso. Con frecuencia remuneran el soporte físico, pero no la reutilización de los contenidos protegidos que llevan a cabo e, incluso, crean otros que son competencia, muchas veces a partir de materiales elaborados por los propios autores y editores.
La cultura como infraestructura en la era de la IA
Es llamativo que no tratemos igual los costes fijos que soportan miles de pequeños autónomos o empresarios culturales que nos ofrecen sus obras, ya sean libros, periódicos, revistas o partituras, que cuando los tienen que asumir grandes compañías o fondos de inversión. Como país, seguimos invirtiendo en el desarrollo de infraestructuras físicas, como carreteras, redes eléctricas o telecomunicaciones, y nos olvidamos del desarrollo de la infraestructura «cognitiva» para garantizar la sostenibilidad de la economía del conocimiento, modelo en crisis desde el final de la primera década del siglo XXI.
Y en medio de este escenario, la irrupción de la IA ha convertido a las obras editoriales en insumos estratégicos para el desarrollo de estos sistemas. Parece adecuado, por tanto, no seguir desarrollando políticas que sigan presionando a la baja los costes fijos en la creación editorial. De lo contrario, esto perjudicará a la calidad de su trabajo y seguirá produciendo externalidades negativas en otros sectores fundamentales.
El papel de la Administración
En el sector editorial, además, se da la particularidad de que es la propia Administración pública la que debe promover y ser ejemplo del respeto a los derechos de autor, garantizando la autorización, la transparencia y la remuneración en la reutilización de contenidos protegidos. De ese modo, contribuirá a la sostenibilidad de la cultura escrita y a la seguridad jurídica de la actividad autoral y editorial.
Realizar políticas que consideren la cultura como una infraestructura clave en la sociedad y no solamente como una herramienta de entretenimiento exige aplicar una lógica similar a la que se utiliza en otros sectores estratégicos, para que sea posible recuperar sus inversiones y eso pasa, entre otras razones, si se remuneran de forma justa a los autores y editores por las reutilizaciones de sus obras. La mejor forma de fortalecer la creación cultural sigue siendo evitar su deterioro, porque como recuerda la sabiduría popular «más vale prevenir que curar».
Deja un comentarioOs invitamos a comentar las entradas de nuestro blog.
Los comentarios están moderados, no aparecen en el blog de forma inmediata.
Se publicarán todos los comentarios salvo los que no tengan que ver con los temas tratados o contengan insultos o descalificaciones.
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, le informamosque los datos que facilite serán tratados por CEDRO para poder tramitar su comunicación. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar por escrito a la dirección cedro@cedro.org, donde haga mención a su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. Para más información pinche en la Política de Privacidad.
Acepto los términos y condiciones de uso y la Política de Privacidad