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24/02/2026
Smith, Keynes y Friedman: economía, geopolítica y derechos de autor
Adam Smith: la mano invisible y la referencia de los derechos de autor
Si echamos la vista atrás, vemos que el Estatuto de la Reina Ana (Inglaterra, 1710) —primera «ley de copyright» en Europa— facilitó la difusión de las ideas que estaban empezando a brotar en la población inglesa debido a la proliferación de la imprenta y a la mayor circulación de los libros. En otras palabras, la consolidación de los derechos de los creadores posibilitó un mayor desarrollo para la sociedad. Esta lógica fue reconocida, desde una dimensión económica, incluso por Adam Smith, padre de la «mano invisible» del mercado, que consideraba, aunque con alguna matización, que la protección legal de los derechos de autor como una buena forma de incentivar la creación en aquellas tareas que requerían un esfuerzo creativo o intelectual.
La fuerza de la teoría económica de Adam Smith dominó, al menos, los primeros años de la Revolución Industrial, pero paradójicamente, este marco económico que legitimaba ciertos incentivos a la creación intelectual no lo hacía para otros trabajos, impulsando así desigualdades.
En ese nuevo sistema social surgido en Reino Unido, la organización del trabajo quedó marcada por una convivencia forzada entre capital y trabajo. El proceso de mecanización del campo empujó a muchos ciudadanos a buscar su «lugar» en las fábricas que iban surgiendo. Sin embargo, una parte importante de aquellos «trabajadores» eran niños que acudían a las industrias o las minas en busca de un sustento y eran contratados por su bajo salario, por su obediencia y por ser físicamente pequeños, lo que les permitía operar máquinas o trabajar en espacios reducidos. Cambiando la edad por la distancia geográfica, nos encontramos algo similar en la fuerza laboral «invisible» que sostiene la inteligencia artificial (IA) en países como Kenia, Nigeria, Venezuela1 o algo incluso peor como nos muestra el reciente trabajo de The Burerau of Investigative Journalism en su artículo: Gig workers in Africa have been helping the US military. They have no idea.
Como había sucedido anteriormente con la actividad no regulada de los impresores antes del Estatuto de la Reina Ana, los incrementos de productividad derivados de las nuevas tecnologías aplicadas en fábricas y minas fueron acaparados de forma mayoritaria por los dueños de las infraestructuras.
La teoría económica y la historia nos han confirmado en múltiples ocasiones que, el «productivity Bandwagon» —la creencia de que el progreso tecnológico beneficia de forma automática de igual manera a todos los individuos de la sociedad— no es la representación que más se ajusta realidad. Para que los resultados de las tecnologías «aplicadas» se acerquen a lo que dicho sesgo proclama, los trabajadores necesitan suficiente poder de negociación colectiva, así como que la mayor demanda por la fuerza laboral que genere ese incremento de la productividad marginal de la misma, impulse una mayor competencia entre los empresarios que posibilite la elevación de los salarios, o en el caso del mundo de la creación, la remuneración y el pago por derechos de autor por parte de las plataformas. Porque, como señaló Lord Acton, historiador, político y escritor inglés: «no podemos contar con la responsabilidad social de quienes ostentan gran poder».
Aquello que sucedió a finales del siglo XVIII encuentra hoy un eco en la realidad que escritores, traductores y editores afrontan en el ecosistema dibujado por la inteligencia artificial.
A finales del siglo XVIII, cuando Estados Unidos estaba terminando de configurar su propia identidad, el nuevo modelo productivo surgido en Inglaterra exigió respuestas regulatorias que buscaban un equilibrio frente a aquellas explotaciones «inhumanas» en la era de la industrialización. En territorio inglés se aprobaron marcos como los Factory Act’s y los Mines Act, iniciativas legislativas que posteriormente fueron adaptadas en otros países europeos.
El modelo Ford T y el impulso de Keynes
A finales del siglo XIX y principios del XX, una nueva revolución volvió a alterar el frágil equilibrio social que se estaba consiguiendo en Europa gracias a las nuevas legislaciones laborales. En este caso, la tecnología surgió al otro lado del Atlántico: la electricidad permitió reorganizar los procesos empresariales.
En todo caso, esta innovación avanzó sin devaluar el débil marco de los derechos fundamentales construido hasta la época, cuestión que lo diferencia radicalmente de nuestra situación actual con el desarrollo de la IA, donde parece interesar más «moverse rápido y romper cosas», incluso a costa de vulnerar cualquier derecho consolidado, incluido el de autor, que a construir un modelo sostenible. La diferencia es importante: las revoluciones industriales pasadas derivaron en un marco regulatorio que buscaba el equilibrio entre el progreso y los derechos, mientras que en la revolución digital no se está repitiendo ese patrón. Quizá sea porque nuestra castigada capacidad cognitiva actual no nos permite llegar a una regulación adecuada del ámbito digital que nos permita un modelo equilibrado entre innovación y derechos.
Por ejemplo, la fabricación en cadena del famoso Ford T dio lugar, como lo había hecho la Revolución Industrial, a nuevos puestos de trabajo, incrementó el salario de los trabajadores de la época hasta el histórico nivel de 5 dólares diario y redujo la jornada laboral a ocho horas, aunque lo hiciera de forma totalmente autoritaria. Es decir, distribuyó el aumento de la productividad derivado de la innovación nuevas tecnologías, evitando que se concentrara de forma extrema en el propietario de capital, como había ocurrido en los inicios la Revolución Industrial europea. No obstante, conviene resaltar que Herny Ford también se caracterizó inicialmente por su postura totalmente hostil frente a la posibilidad de la negociación colectiva con los trabajadores para mejorar las condiciones laborales.Quizás esta lógica nos recuerda a que siguen actualmente las tecnológicas al negarse a las negociaciones colectivas con los titulares de derechos.
Esa visión autoritaria fue el origen de fuertes tensiones sociales, que finalizaron por la presión de las huelgas masivas y por la intervención gubernamental. En el ámbito digital actual, lograr un equilibrio similar entre innovación y derechos de autor parece, por ahora, más complicado.
A pesar de todas las hipotéticas ventajas del modelo estadounidense, en Europa, además de seguir apareciendo nuevos derechos sociales que no tenían equivalente al otro lado del Atlántico, no se cuestionaba la existencia y los beneficios de la acción colectiva. Es curioso que, más de cien años después de aquellos acontecimientos, el debate actual sobre la tecnología presenta ciertos paralelismos con aquella situación, como si estuviéramos ante una piscina con la misma agua. La capacidad de cooperación y de actuar en conjunto permitió que, en el marco posterior a la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaran nuevos sistemas de protección sociales y marcos jurídicos y económicos que devolvieran la iniciativa al lado europeo.
Las teorías económicas del economista británico Keynes —que defendía que la intervención pública puede ser necesaria para estabilizar la economía en momentos de crisis o de necesidad de mejora— y la apuesta por el entendimiento colectivo orientado a un bien común permitieron, por ejemplo, a Suecia innovar hacía un nuevo sistema más demócrata y moderno. Ese modelo buscó orientar a toda la sociedad —empresarios y trabajadores, o en el ámbito digital, plataformas tecnológicas y escritores, traductores y editores— en la búsqueda del aumento de la productividad que beneficiara a todos a través de una mejor distribución de las ganancias generadas.
Y es que cuando se habla de marcos de derechos de autor de inspiración «nórdica», como los nuevos acuerdos establecidos para el uso por parte del gobierno noruego de las obras depositadas en su Biblioteca Nacional para entrenar modelos de IA o los recientes acuerdos por el uso de materiales editoriales complementarios en su sistema educativo (capítulos de libros, artículos de prensa y revistas o partituras), estamos bastante seguros de saber que la única razón que les empuja a actuar de esa manera es la económica. Pero quizás, si estos hechos con perspectiva histórica, también podríamos llegar a considerar que responden a una tradición social e institucional orientada a equilibrar la innovación, la cooperación y la protección de los derechos.
Friedman y Stiglitz: el fin único del beneficio financiero inmediato
Continuando en el siglo XX, la experiencia sueca —uno de los grandes referentes del Estado del bienestar— se extendió sin muchas variaciones a los países nórdicos, aunque no lo hizo exactamente de la misma forma en el resto de los países de Europa, donde se aplicó con particularidades propias. Estas iniciativas impulsaron uno de los mayores periodos de incremento de la productividad y de la renta per cápita de la historia europea. Ese avance fue decisivo para el surgimiento y consolidación de la fundamental clase media, en contraste con el modelo de extremos que lleva dibujándose desde principios del siglo XXI con el auge de la economía digital.
De forma similar a como el modelo sueco había impulsado el Estado del bienestar, el desarrollo del welfare capitalism —en el que las empresas privadas proporcionaban beneficios sociales directamente a los trabajadores — se extendió por el mundo anglosajón. Sin embargo, su desarrollo se vio comprometido, de nuevo, por una nueva filosofía económica que reducía la labor del empresario a maximizar los beneficios únicamente para sus accionistas. Friedman, premio Nobel de Economía en 1975 y contemporáneo de las iniciativas legislativas que desarrollaron presidentes como Ronald Reagan o primeros ministros como Margaret Thatcher, tuvo un papel decisivo en esta corriente.
Desde ese momento, volvió a imponerse la idea de extraer al máximo los rendimientos generados por la productividad de las nuevas tecnologías. Su aplicación pasó a orientarse principalmente a la sustitución del trabajo, a diferencia del modelo que, desde la experiencia nórdica, impulsaba la demanda laboral y, con ello, el aumento salarial —en el mundo de la creación, la remuneración en derechos de autor por la reutilización de las obras de autores y editores —.
Bajo esta lógica, el empresario paternalista pasa a ser únicamente «optimizador». Los impulsores de nuevas tecnologías tratan de desarrollar aplicaciones que les permitan absorber todos los incrementos de productividad derivados de su uso.
Por ejemplo, en el proceso hacía una globalización de la economía mundial, las nuevas tecnologías aplicadas a las cadenas logísticas o a los sistemas de producción permitieron externalizar la actividad de los trabajadores a nuevos territorios donde no existían las condiciones de respeto a los derechos laborales consolidados. Se trata de países de rentas bajas o donde regían sistemas poco democráticos. Este fenómeno nos ha pasado desapercibido en buena medida mientras nuestra atención se centraba en el mundo digital, pues estábamos «entretenidos» con nuestras pantallas y atados a nuestra adicción al consumo inmediato. Quizá es el momento de que en la información que se reporta públicamente también aparezca estos datos para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan mirar cara a cara dicha realidad y trasladarla a su decisión de consumo.
Para seguir creciendo en el mundo globalizado, el debate se debe centrar en la protección de todos los derechos en todos los territorios, no solo en aquellas áreas geográficas donde ya son débiles. Un ejemplo actual de la complejidad que supone el equilibrio entre innovación y derechos, incluidos los de propiedad intelectual, en el ámbito europeo es la aplicación de la Ley Ómnibus Digital o también el vaivén de las interpretaciones de la excepción de minería de textos y datos de la Directiva del mercado único digital en relación con el Convenio de Berna. Si la ciudadanía no es consciente, también en su forma de consumir, de este juego de «externalización» la fuerza de trabajo europea, también la de creación, queda condenada a un único fin de igualación con los de países donde las empresas tecnológicas externalizan sus necesidades para optimizar costes, lamentablemente, avanzaremos hacia un escenario de menor protección y menor valor añadido.
Este fue el caldo de cultivo, beneficio inmediato, en el que nacieron y crecieron, pero no se reprodujeron ya que no hay competencia, las principales empresas digitales, aunque sin reproducir exactamente los patrones históricos de otras infraestructuras del conocimiento. A diferencia de la radio, cuya utilización «política» a principios de siglo XX impulsó la competencia y la regulación estatal, las compañías digitales no se han enfrentado a un proceso equivalente, disfrutando de una ausencia regulatoria que, cuando menos, resulta llamativa.
La visión autoritaria de aquel innovador de principios del siglo XIX se ha materializado con toda la fuerza posible. Desde el lado de la producción, la mayoría de estas empresas tecnológicas cuentan con un elevado número de trabajadores externalizados, a menudo localizados en los países de rentas bajas de los que ya hemos hablado. Desde el lado de la demanda, las herramientas de uso gratuito han permitido a las empresas acaparar datos y obras y, en consecuencia, más poder para desarrollar productos con ventajas competitivas muy superiores. Pero cabe preguntarse: ¿esta dinámica beneficia realmente a los consumidores y al conjunto de la sociedad? Ya en los años setenta, pensadores como Frances Stewart advertían que la importación de tecnología no siempre garantiza crecimiento y puede generar desigualdad, pobreza y dependencia. No deja de ser relevante que esta cuestión, planteada hace décadas, mantenga vigencia en la actualidad.
En este mundo donde la persuasión social influye no solo en la economía, sino también en la soberanía cognitiva, estamos aprendiendo —quizás tarde— a valorar nuestra soberanía tecnológica. Como define Jared Cooney en su libro en el que analiza la transformación digital, The Digital Deslusion, y que resulta especialmente recomendable para los amantes de la educación, la historia humana está definida no por los desarrollos tecnológicos, sino por los valores que cada generación elige proyectar. Y como advertía Hannah Arendt, cuando desaparece la persuasión entre iguales basada en la argumentación —y añado, cuestión eliminada en la economía digital—, aparece el riesgo de comportamiento autoritario, puesto que la concentración de poder limita los espacios de libertad y autonomía.
Enfrentados al reto de la IA, que convierte muchas tareas humanas en procesos de predicción y clasificación matemáticos, debemos decidir si seguimos potenciando el marco autoritario perseguido por Henry Ford o recuperamos la iniciativa sueca posterior a la Segunda Guerra Mundial, basada en la distribución de rentas, clave en el Estado del bienestar.
Hasta ahora, las políticas aplicadas han mantenido mayoritariamente en el viejo modelo T, ya que en nuestro país han allanado el acceso a los datos y las obras de los ciudadanos por parte de las tecnológicas y no se han tenido en cuenta los derechos de los creadores de las obras.
Una alternativa para la incorporar de forma saludable la IA en la sociedad pasa por recuperar las ideas que Wiener, Licklider y Engelbart’s, basadas en la teoría de la Machine Usefulness Action, la tecnología debe complementar las capacidades humanas, no sustituirlas. Se trataría de recuperar los principios que guiaron el milagro sueco, pero en su versión 2.0.
El objetivo es que la IA sea útil para el trabajo humano, incrementando la productividad en aquellos puestos de trabajo existente mediante procesos diseñados en torno al ser humano, no únicamente centrados en aumentar la velocidad de los procesos y resultados; creando nuevos puestos, cuestión crítica para ampliar la demanda de trabajadores cualificados y no cualificados; reduciendo las restricciones a la hora de tomar las decisiones y creando nuevas plataformas y mercados.
Si utilizamos esta tecnología únicamente para aquellas tareas que ya realizan las personas, solo estamos incrementando la pendiente del camino que nos lleva a alcanzar la complementariedad humana-IA.
Las soluciones propuestas deben superar las restricciones impuestas por las empresas tecnológicas porque desarrollar soluciones (IA) que complementen las capacidades humanas no resulta tan atractivo para las organizaciones centradas únicamente en la reducción de costes. Esta tendencia se ve, además, amplificada por la política de incentivos financieros que persiguen los inversores.
Según diversos expertos, la tecnología avanza hacia una mayor automatización, vigilancia, obtención de datos y obras y de desarrollo modelos publicitarios, basados en la llamada economía de la intimidad y la emoción. En este contexto, resulta imprescindible el desarrollo y la implementación de iniciativas multidisciplinares pioneras, como las desarrolladas por Trustworthy Artificial Intelligence for Embedded Systems (TAIES) del Barcelona Supercomputing Center, que busquen un diseño ético de la tecnología. Sin ese enfoque, es difícil alcanzar un equilibrio entre innovación y derechos.
Para poder redirigir esta dinámica es necesario que se impulsen políticas que frenen human fracking industry, plataformas recogen y monetizan información y atención de los usuarios para personalizar productos y publicidad. Según la Attention Liberation Movement , también se necesita promover soluciones como subvenciones a las tecnologías más favorables para los trabajadores (human in the loop), a programas de capacitación de trabajadores en las cuestiones que marcarán las diferencias en el futuro (pensamiento crítico, creatividad, etc.), a protección de los datos y, por supuesto, a la consolidación de los derechos de propiedad intelectual y todas sus herramientas, sin excepciones. Además, es necesario un cambio de narrativa y de normas sociales, también en lo referente a los relatos sobre los derechos de autor.
Al contrario de lo que se suele pensar, los movimientos sociales surgidos en Europa han sido históricamente vitales para el desarrollo de modelos económicos más equilibrados e igualitarios, más demócratas, siguiendo la estela del primer marco de protección de derechos de autor en 1710. Quizás podamos volver a ser pioneros de nuevo en el inesperado escenario de la IA, también en materia de derechos de autor. Como muestra la experiencia de países como Noruega o Suecia, existen caminos alternativos que permiten innovar, proteger los derechos de autor y el resto de los derechos humanos.
Podemos enseñar a la ciudadanía a usar la IA y podrá usar esta tecnología, o podemos enseñarles a pensar, cuestión que exige mayor esfuerzo, y que posiblemente les permita utilizar cualquiera de ellas. Está en nuestras manos.
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1. https://cracm.acm.org/news/the-invisible-labor-force-powering-ai/
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