27/01/2026
Quizás no hemos aprendido tanto: innovación, vida textual y derechos de autor
Por Jorge Corrales, director general de CEDRO
Quizás no hayamos aprendido del pasado tanto como pensamos. Igual que la energía nuclear prometió progreso mientras concentraba poder y suponía un riesgo para el conjunto de la sociedad, la inteligencia artificial (IA) reproduce hoy el mismo esquema sobre nuestros datos, nuestras obras y nuestras vidas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, lo nuclear apareció en el horizonte de la civilización con varias caras: por un lado, constituía una fuerza incontrolable y peligrosa, por otro, una gran promesa de avance. Algo similar a cómo ha surgido en nuestros días la IA, o lo que viene a ser lo mismo, el resultado de aplicar las matemáticas avanzadas a nuestra sociedad.
En el caso del desarrollo atómico, se temía por su poder destructivo, se proclamaban los beneficios de su uso civil y se competía por su dominio geopolítico. Aquella experiencia acabó en una regulación internacional, aunque Estados Unidos se resistió inicialmente a perder su ventaja estratégica, lo que dificultó los primeros intentos de cooperación global, con el fin de evitar catástrofes, regular su uso y evitar monopolios peligrosos. Todo esto suena familiar, ¿verdad? Hay muchas similitudes con lo que estamos viviendo hoy con el desarrollo de la IA.
Arriba y abajo del algoritmo: ¿dónde están los autores y editores?
Estamos acostumbrados a ver —y los escritores y editores a sufrir— cómo el relato del «progreso tecnológico» ha justificado una realidad peligrosa: la existencia de unos pocos privilegiados que, situados «encima del algoritmo», extraen datos y obras ajenas para incrementar sus beneficios, mientras otros colectivos viven «debajo del algoritmo». Entre esos últimos se encuentran los autores y editores de publicaciones escritas, que, en este contexto, sobreviven o intentan sobrevivir, en la frontera de un territorio del cual se extraen los recursos imprescindibles para dicho «progreso».
En esta nueva división entre capital y trabajo, mientras los primeros controlan la tecnología y se benefician de ella, los segundos alimentan esos algoritmos sin recibir una retribución a cambio. Incluso, hay países que priorizan el crecimiento tecnológico —ahora estamos en la era de la IA— por encima de todo, asumiendo que es mejor «robar» primero —apropiándose de forma masiva sin permiso de datos y obras protegidas— y, solo en algunos casos, compensar después esos «pecados» mediante una especie de mecenazgo potenciado por su escala.
Esta lógica no es nueva: responde a la acción de la llamada «mano invisible» del mercado, asociada al liberalismo económico en una versión «supervitaminada», como diría Super Ratón. Esta forma de actuar ha servido históricamente para beneficiar a quienes, aun sin ser su objetivo principal, contribuyen mediante sus actuaciones a dañar al conjunto de la sociedad.
No es una idea nueva. Esta práctica ya fue cuestionada por grandes científicos como Albert Einstein, quien en 1949 escribió al respecto que: «el capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte debido a la competencia entre capitalistas y en parte porque el desarrollo tecnológico y la creciente división del trabajo fomentan la formación de unidades de producción más grandes a expensas de las más pequeñas. El resultado de estos desarrollos es una oligarquía del capital privado, cuyo enorme poder no puede ser controlado eficazmente ni siquiera por una sociedad política organizada democráticamente».1
La colonización digital
En el mundo de los derechos de autor, hemos observado un comportamiento algo similar con el llamado «liberalismo tecnológico», en el que las empresas tecnológicas y algunas administraciones públicas actúan sin límites. Cuando encuentran ciertas restricciones a su modelo de negocio, aunque solo sean virtuales, comienzan a expandirse y a colonizar nuevos territorios. Y con ello siguen ampliando su negocio, saltando de jurisdicción a jurisdicción.
Estos territorios pueden ser, por ejemplo, los datos o contenidos generados por los usuarios —supuestamente cedidos altruistamente a las plataformas— o las obras protegidas por derechos de autor. De esta forma, reproducen dinámicas similares a las de los antiguos imperios, que extraían recursos de forma parasitaria, no mutualista ni comensalista.
Frente a estas praxis, la experiencia demuestra que solo las acciones colectivas de los afectados han podido frenar este tipo de situaciones. Siempre, gracias a la colaboración y solidaridad que se genera entre ellos, principios vitales en este tipo de procesos, y con el apoyo de políticos innovadores, periodistas de investigación y asociaciones y organizaciones de trabajadores que pudieron desarrollar su trabajo en un clima de seguridad psicológica. Un ejemplo reciente de ello es la demanda ganada de AMI a Meta.
Equilibrio de intereses para el bien común
La encrucijada actual de la IA, dibujada en una nueva trampa de Tucídides, debe solucionarse mediante el desarrollo de un modelo estable de crecimiento de este modelo político, económico, cultural y social (MPECS).
En este nuevo panorama, la trampa se refleja en un rápido avance tecnológico frente a estructuras sociales y económicas que no tienen las «herramientas» para gestionarlo, como está sucediendo en el ámbito de los derechos de autor. Los autores y editores se están enfrentando a un escenario en el que las empresas tecnológicas, aprovechando su capacidad de inversión y de control de la información, pueden apropiarse de contenidos protegidos de forma masiva sin que existan «principios» que protejan sus derechos de propiedad intelectual, u ocultando los que existen, reproduciendo los anteriores patrones insostenibles y de aumento de la desigualdad.
Por ello, es necesario que en este ámbito se establezca un nuevo contrato social que reconozca derechos reales a todos los colectivos afectados, incluidos los autorales y editoriales. Y siguiendo la lógica histórica, conviene recordar las ideas de Keynes que inspiraron políticas de protección social y regulación económica —aplicadas en el New Deal—, que permitió establecer límites claros a lo que las grandes empresas podían hacer con el trabajo de otros. No se trata de regular en exceso. Se trata de hacerlo bien.
Hoy, en la era de la IA, necesitamos un marco similar que evite que el progreso tecnológico beneficie solo a unos pocos, que proteja a la ciudadanía de los riesgos que supone esta herramienta informática y, por supuesto, también a los autores y editores. Como ya advirtió Einstein, los avances tecnológicos y científicos solo pueden considerarse auténticos logros si ayudan a la humanidad a superar su actual modelo de desarrollo depredador y a garantizar las necesidades básicas de toda la sociedad.
Derechos de autor e innovación tecnológica
Y si, como sociedad, queremos potenciar el crecimiento tecnológico, debemos ser críticos con los factores que lo incentivan y con los que lo penalizan. La innovación, estrechamente ligada a la competencia —a mayor competencia, mayor innovación, competencia que parece no haber existido hasta el momento (cuestión frente al cual la vicepresidenta Teresa Ribera está tratando de actuar)— y a la difusión del conocimiento, está en el corazón de estos procesos.
Pero esta innovación no es posible sin los incentivos que ofrecen los derechos de autor, que protegen a quienes crean, editan las obras para los lectores y regulan la actividad de quienes se benefician de esas obras sin aportar creatividad. Es importante tener en cuenta que el futuro de la cultura escrita dependerá de las decisiones y acciones que tome la sociedad en su conjunto sobre esta situación.
Precisamente, si a innovación nos referimos, conviene distinguir entre la básica, que busca conocimiento por el conocimiento mismo, y la aplicada, que trata de resolver problemas concretos usando esa información. En la investigación aplicada, los modelos Open Source que teóricamente pueden tener ventajas para prevenir monopolios legales se utilizan en la práctica para consolidar esos monopolios. Es como regalar las impresoras y cobrar por los cartuchos: las tecnológicas conservan la capacidad de dominar el ecosistema, la infraestructura, el talento, la influencia o incluso la soberanía digital, dependiendo de dónde fijen su «campo» de captura del valor. Además, los actores de la investigación aplicada suelen aprovechar la parte del Open Source que más les conviene, sin considerar las «mochilas» o externalidades negativas que dejan al conjunto de la sociedad y que, como en el caso del Dieselgate, que afectó principalmente a una gran empresa europea, sí se corrigieron impulsadas por procesos en Estados Unidos.
En este caso, si los presupuestos no son un obstáculo para la investigación básica, la práctica nos demuestra que, desgraciadamente, sí son una excusa para reconocer la justa remuneración por la reutilización de las publicaciones de escritores y editores, que generan la materia prima indispensable en ambas actividades. Especialmente cuando hablamos de Administraciones Públicas.
La paradoja del desarrollo tecnológico
Estamos viendo cómo las tecnologías contribuyen desproporcionadamente al deterioro del medioambiente ya que la ratio de progreso tecnológico siempre se mueve por debajo de la ratio de finalización de los recursos naturales.
La paradoja de la IA y demás tecnologías radica en que su desarrollo necesita grandes cantidades de energía, inversión y estabilidad, mientras que su modelo de negocio es, por naturaleza, de «empuje y caída» hasta la llegada de la nueva ola tecnológica.
No podemos pensar únicamente en acomodar el mundo a los nuevos modelos matemáticos, como ocurre con la IA, y despreciar las Humanidades y el trabajo de los autores y editores que las sustentan. Tres de las principales actitudes para la empleabilidad futura serán la curiosidad, la responsabilidad y la selección de contenidos —la curaduría—. Estas competencias definen la labor de los escritores, a través de la exposición a lo desconocido, el sentido del propósito y el pensamiento crítico, y en la de los editores, mediante el conocimiento profundo, el criterio propio, la capacidad narrativa, la contextualización y la intención.
¿Quién se beneficia de la «vida textual» de autores y editores?
En la situación actual, teniendo en cuenta el uso que los modelos de IA hacen de la cultura escrita, algunos economistas consideran que los datos y las obras de autores y editores cumplen hoy el mismo papel que el «trabajo» desempeñaba en 1935; son la base de la productividad y la acumulación de capital de las empresas tecnológicas.
Si esto es así, los escritores, traductores y editores —que durante años han sido tratados como los antiguos trabajadores explotados en los Gulag— han «colaborado» por el bien común con su trabajo en la «modernización industrial digital» o en su intento, pero a cambio de lo que podríamos llamar su «vida textual», entregando su conocimiento, creatividad y esfuerzo al sistema sin recibir una retribución por ello.
Y, si quisiéramos aprender de la experiencia pasada, ¿no sería necesario recuperar la iniciativa de establecer condiciones de utilización del trabajo creativo de forma similar a las que se implantaron entre los años 40 y 70, cuando el trabajo se consideraba un factor «deseado» de la industrialización y permitió equilibrar la redistribución de la riqueza frente al capital que actualmente viven «encima del algoritmo»?
En este contexto, ¿no sería obligatorio que se utilice un porcentaje mínimo de la base cultural de nuestra sociedad en los sistemas que dan servicio a nuestra comunidad? ¿Se entrenan las plataformas que operan en Estados Unidos o China con datos y obras «nativas» o con la de otros países con valores europeos? ¿Y en Europa? ¿Cuáles son las consecuencias?
¿Cuál es el espacio digital de la cultura escrita?
Como bien explicaba Richard Sennet, sociólogo y autor de numerosos estudios sobre trabajo, sociedad y urbanismo, en su obra Los usos del desorden, los espacios físicos creados durante la era de la industrialización no favorecían el desarrollo de la identidad adulta, lo que llevó a replantear la forma de diseñar las ciudades. ¿Qué ha ocurrido con el diseño de los espacios digitales, desarrollados bajo el único objetivo de maximizar beneficios? ¿Acaso el espacio digital cumple hoy el mismo papel que antes tenía el espacio físico?
Si, como sostenía Sennet, la ciudad era un estado mental, ¿significa esto que el espacio digital se ha convertido también en un nuevo espacio mental? El autor señalaba además que la línea que separaba la esclavitud de la libertad en las comunidades prósperas dependía del tipo de transición de la adolescencia a la edad adulta. Es aquí donde la Educación tiene un papel clave, así como los contenidos editoriales que se utilizan para ella y, por tanto, también sus autores y editores. La IA, por potente que sea, jamás podrá sustituir a nuestros libros y nuestros maestros.
Por este motivo deberíamos preguntarnos si estamos acompañando en esta transición con obras profundas, coherentes, rigurosas y reflexivas, o estamos priorizando únicamente la accesibilidad, la velocidad y la actualización constante.
Teniendo la oportunidad de releer los trabajos realizados para el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita2, uno tiene la sensación de que quizá no hayamos aprendido tanto del pasado. Basta observar que, si las Administraciones Públicas redujeran en un 1 % la valoración que la ciudadanía da a sus malas prácticas en la reutilización de obras de autores y editores, la piratería se reduciría en un 0,57 %. Además, en aquellas Comunidades Autónomas donde los ciudadanos consideran que las malas prácticas provienen de las Administraciones Públicas, existe un mayor número de piratas «normalizados».
A pesar de esta realidad, seguimos enfocándonos en desarrollar soluciones basadas en políticas de disuasión tradicionales —miedo al castigo—, sobreestimando el efecto de factores como la probabilidad de detección y subestimando otros como la normalización de la piratería. La ciudadanía maneja otros códigos, lo que demuestra que estas políticas no son eficaces.
Tampoco se implementan en la educación medidas que visibilicen el coste social de estas conductas, como la afectación a la diversidad cultural o la desaparición de la remuneración de escritores, traductores y editores, aunque la Directiva 2004/48 obliga en su artículo tercero a los Estados a establecer medidas, procedimientos y recursos EFECTIVOS, proporcionados y disuasorios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. ¿Pagan las Administraciones Públicas por la reutilización de las obras derivadas del trabajo de escritores y editores en sus Gobiernos? En España, generalmente no.
Acordémonos del pasado, antes de que la nueva narrativa económica apoyada en celebridades como Sam Altman y bajo el propósito de la seguridad para la humanidad (recordemos que, según Robert J. Shiller, otro Premio Nobel, las narrativas económicas prosperan impulsadas por celebridades y gracias a cuestiones de interés humano) devalúen la percepción actual de que los documentos producidos por IA se perciben de mucho menor valor que las obras escritas por escritores y traductores3.
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