Una correcta regulación de la propiedad intelectual en sus distintas formas parece ser una premisa para conseguir la recuperación y el buen funcionamiento del sector audiovisual y de las industrias culturales. Por uno u otro articulista, vinculados todos a la docencia universitaria o a la gestión de la propiedad intelectual, se destacan los efectos devastadores que se están generando al atender de modo coyuntural los temas propios de la sociedad del conocimiento.

Nuestra situación no puede ser peor, pues se ha trasladado al colectivo social una imagen totalmente deformada de la propiedad intelectual. Por ello, planteo que respondamos a esta pregunta: «¿Cómo, cuándo y dónde construye el ciudadano su relación con los objetos protegidos por la ley de propiedad intelectual?».

El dossier publicado en PASAJES 36 debería ser objeto de una atenta lectura y consideración por parte de los implicados en la industria y la política culturales. Es muy probable que el desarrollo futuro de sectores adscritos a la producción de contenidos dependa de la respuesta que se ofrezca desde la ley para la reorganización de las industrias culturales, pues no cabe pensar su desarrollo sin garantizar los correspondientes retornos. Retornos que no son posibles dentro de un contexto en el que se asocia democratización del conocimiento a la «cultura» de la copia o al todo gratis; falsa democratización, pues estas formas de defender la cultura acabarán por «expulsar al narrador, al creador, de la república». Tarea en la que el sector educativo universitario está colaborando sin la menor consideración cuando, por otra parte, a cada autor le cabe adscribirse a la política de las Creative Common.

Cualquier apuesta legislativa no solo ha de considerar el espacio y forma  que la tecnología genera, sino que deberá buscar la homologación con las formas legislativas vigentes en Europa. La denuncia de formas demagógicas de considerar el tema se contraponen a las matizadas reflexiones que se presentan  en los distintos artículos en los que se analizan las políticas informativas, docentes o legislativas en relación con la propiedad intelectual.

Todo parece indicar que será preciso, por una parte, llevar a la consideración de todas las gentes que, como advierte el Dr. Palao, «no somos islas»; pero además, será precisa una cuidadosa evaluación de las inversiones en I+D+I, pues los resultados en los registros de patentes por parte de nuestros centros de investigación son verdaderamente sorprendentes en razón de la escasa presencia de los resultados. Sin duda, se ofrecen motivos de reflexión que, además, se prolongan con las recensiones de bibliografía especializada.