La primera intervención corrió a cargo de Juan Carrasco. Este abogado explicó los aspectos técnicos de la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible y precisó que las actuaciones que se puedan emprender contra una web que contenga copias no autorizadas de obras (o que enlace a ellas) tendrán un doble control judicial.

Posteriormente tomó la palabra Javier Díaz de Olarte, jefe del Departamento Jurídico de CEDRO, que destacó que la mal llamada «Ley Sinde» es un primer paso, ya que por «primera vez se reconoce el problema de las descargas de material no autorizado y se propone una solución». Aunque, eso sí, «habrá que esperar a un periodo prudencial de vigencia de la norma y al futuro reglamento que desarrolle la disposición para hacer  una valoración completa de la Ley».

Maite Arcos aclaró que las operadoras están «a favor de la Propiedad Intelectual» y a que los autores reciban remuneración por la explotación de sus obras. A su juicio, la industria cultural tiene que «reajustar su negocio» a la nueva realidad que supone Internet. Para solucionar las descargas ilícitas propuso: sensibilización a la sociedad y generar una oferta legal y atractiva en la Red.

En la misma línea se situó Miguel Pérez Subías, que también abogó por un «cambio de modelo de negocio de los propietarios de los contenidos».

Finalmente, Rafael Sánchez respondió a estas demandas de adaptación del modelo de negocio argumentando que «contra el gratis total es difícil de competir» y que los titulares de derechos primero tienen que «tener una seguridad jurídica» para alojar sus contenidos en Internet. Para ello, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible «es un primer paso».

Vídeo de la conferencia.