En un debate tranquilo, razonable y razonado no se puede obviar que
es necesario establecer medidas efectivas para poner freno a esta «sangría» que genera, además de un grave empobrecimiento cultural, cuantiosas y directas pérdidas económicas para el sector. Y todo esto sin entrar a analizar quiénes se están beneficiando de la expropiación de los derechos y del trabajo de los escritores, traductores, editores y del resto de trabajadores del sector del libro.
Muchos estamos de acuerdo en que, en este caso, solamente una ley no es suficiente. Es necesario también ampliar y dar a conocer la oferta legal de obras protegidas que ya existe y que todos los afectados, incluido el Gobierno, comuniquemos y expliquemos la importancia y contribución del sector cultural, y muy especialmente el del libro, al progreso sostenible de nuestra economía, nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestra sociedad.
¿Qué es lo mejor de la «ley Sinde»? En primer lugar su mera existencia. Es la primera vez en la que el legislador español dicta una norma enfocada expresamente a combatir la explotación ilícita de las obras protegidas en la red. Es decir, reconoce la necesidad de medidas específicas para proteger a ciudadanos (creadores y, también, usuarios) e industrias (las culturales), cuyos derechos están siendo vulnerados de forma reiterada.
En segundo lugar, esta norma nace con vocación de solucionar el problema de la piratería de una manera ágil y eficiente. Todo ello articulando, además, mecanismos de garantía de los derechos de toda la sociedad.
Sin duda, era y es una ley necesaria para intentar atajar una actividad ilícita ante cuyo desarrollo un país como España no puede mirar hacia otro lado.
El tiempo nos permitirá hacer una valoración sobre sus resultados.