Recomendaciones de Europa para luchar contra el contenido ilícito en internet
Tras las directrices presentadas en septiembre de 2017, este organismo comunitario insiste en la necesidad de evitar los contenidos ilícitos que circulan por la red —propaganda terrorista, racista o xenófoba; mensajes que incitan al odio o violencia; material relacionado con abusos sexuales; productos falsificados y, también, los que infringen los derechos de propiedad intelectual—. Para ello, presentó, el pasado 1 de marzo, unas recomendaciones para que los prestadores de servicio —plataformas digitales y redes sociales— ayuden en esta lucha.
Por una parte, se recomienda que estos proveedores faciliten a los usuarios la presentación de solicitudes de retirada de este tipo de contenido. Además, propone que estas comunicaciones puedan ser anónimas y que, si las notificaciones son presentadas por autoridades competentes, se establezcan procedimientos más rápidos de retirada.
Por otra parte, en estas recomendaciones se indica que las plataformas deberán comunicar al usuario que sube un contenido ilícito la decisión de retirada, y este dispondrá de un periodo para presentar alegaciones a esta decisión.
La Comisión, como tercera recomendación, solicita a estos prestadores de servicios que publiquen informes de forma clara y detallada que incluyan su política de retirada y bloqueo de contenido ilícito. Asimismo, deberían informar, al menos una vez al año, sobre el número de contenidos retirados y bloqueados y los plazos en los que se adoptan estas medidas.
Finalmente, respecto a la detección de este tipo de contenido, la Unión Europea reduce esta posibilidad a aquellas situaciones en las que se cuente con garantías proporcionadas, apropiadas y efectivas, por ejemplo, cuando ya se haya establecido el carácter ilícito del contenido.
Sin embargo, en las directrices se insistía en que estas plataformas deberían ser proactivas para detectar automáticamente y retirar contenidos ilícitos en línea.
La Comisión, tras la publicación de estas recomendaciones, supervisará las medidas tomadas por estos prestadores de servicios. En el caso de los contenidos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, este seguimiento y evaluación se producirá en un plazo de seis meses.
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