Fijarnos en el resto del mundo para hacer frente a la piratería

Fijarnos en el resto del mundo para hacer frente a la piratería

10/06/2014

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, junto con el Instituto Autor, presentaron la semana pasada un estudio que analiza, desde 2010, las legislaciones para luchar contra la piratería que han ido incorporando diferentes países del mundo. Este análisis pretende ser una mirada al exterior para tomar nota de las buenas medidas que han funcionado para hacer frente a este tipo de vulneraciones contra la propiedad intelectual.


El pasado jueves día 5, el Instituto Autor y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos presentaron el «Mapa mundial de las leyes para la protección de contenidos en el entorno digital» o también bautizado por Carlota Navarrete, directora de la Coalición, como «GPS de leyes antipiratería». 

El estudio, iniciado en 2010 en pleno debate de la ley que después sería conocida como «Sinde-Wert», intenta poner luz sobre las legislaciones que se han desarrollado en otros países para atajar el avance de la piratería de productos culturales en Internet, así como las prácticas que, en este sentido, han funcionado fuera de nuestras fronteras. 

Algunos de los 14 países estudiados son Estados Unidos y su «Digital Millennium Copyright Act», pionera y referente para legislaciones posteriores en todo el mundo; la «Ley HADOPI» francesa, que instauró el mecanismo de tres avisos a los usuarios que se descargaran contenido pirata y que terminaba con la desconexión de los reincidentes en estas prácticas, lo cual, según los informes, hizo caer el número de descargas ilegales; o la Ley de Economía Digital de Reino Unido, en la que se contempla la reducción de velocidad de la conexión a Internet o el bloqueo de acceso de los usuarios reincidentes.

Así pues, las industrias creativas pretenden que este estudio sea tenido en cuenta para la futura legislación, pues, en palabras de Carlota Navarrete, los «datos alarmantes de la piratería digital en España» hacen que sea necesario «actualizar la legislación española» y, por medio de ella, «garantizar la seguridad jurídica y un entorno competitivo justo para la oferta legal de cultura y entretenimiento».

 

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