En líneas generales, esta reforma supone el debilitamiento de los derechos de propiedad intelectual y de su gestión colectiva en la mayoría de los aspectos que regula, no proporciona la seguridad jurídica suficiente que los autores y editores necesitan para desarrollar su trabajo con garantías, generará empobrecimiento del sector creativo y editorial y aleja a España del marco legal europeo.

El texto, que entrará en vigor una vez que se apruebe formalmente en el Congreso de los Diputados y se publique en el BOE, impedirá que autores y editores sean compensados justamente por el perjuicio que les ocasiona las copias de sus obras que se hacen con fines privados.

Esto es así porque, por un lado, consolida la decisión de eximir de la obligación del pago de esta compensación a las multinacionales tecnológicas y, por otro, supedita su importe a la capacidad presupuestaria del Estado de cada momento y no al perjuicio real que este tipo de reproducción ocasiona a la cultura.

Además, determinadas reproducciones que a fecha de hoy son copias privadas, y por tanto legales, pasarán a ser ilícitas. Por su propia esencia estas copias no se podrán licenciar ni perseguir, dejando al usuario en una situación de inseguridad y a los titulares de derechos sin protección.

A pesar de que se han incluido unas mínimas mejoras en la lucha contra la piratería, no se han previsto mecanismos rápidos y con garantías para detener las actividades ilícitas que pueden convertir en efímera la vida comercial de una obra, como es el caso, por ejemplo, del lanzamiento de un libro.

Asimismo establece una ventanilla única común de todas las entidades de gestión, que tendrá como fin facilitar al usuario el trámite de obtención de licencias y de abono de remuneraciones. Desde el punto de vista de nuestra Entidad, esta medida no tiene sentido que se aplique al libro puesto que este sector no comparte usuarios con el cine y la música, y no aporta ninguna ventaja a los usuarios de las obras del repertorio de CEDRO. Sin embargo, supondrá que se tengan que asumir gastos de funcionamiento.

En lo que se refiere al reconocimiento explícito de los derechos de los editores de diarios y revistas ante los agregadores de contenidos en la red, la reforma carece de las definiciones necesarias para que este derecho pueda hacerse efectivo con la imprescindible seguridad jurídica.

Como punto positivo de esta modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, se encuentra la regulación de los mecanismos que asegura a la comunidad universitaria el uso legal de libros y otras obras de texto.

Con el fin de que los derechos de autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras sean fortalecidos, CEDRO estudiará qué medidas podrá llevar a cabo contra esta ley. Norma que, por otra parte, ya nace con fecha de «caducidad» por el anuncio del propio Gobierno de una próxima reforma más amplia, así como por la continua actividad legisladora de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual.